DERECHO

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13 de enero de 2017

CONYUGE QUE DEMANDA AL OTRO POR OBLIGACION DE MANUTENCIONEN EN SU FAVOR Y SU AJUSTE POR INFLACION:


PARTAMOS DE UN EJEMPLO: A contrajo nupcias con B, luego B, decide separarse del hogar común y abandona el domicilio conyugal, por lo tanto dejó de cumplir con sus deberes conyugales, para con A, quien tiene 58 años, tiene problemas de salud y no cuenta con los recursos económicos para poder cubrir sus necesidades de alimentación, gastos médicos etc, no labora para ninguna empresa, no ejerce ninguna profesión, sólo se dedica a los cuidados del hogar. Queremos detacar que lo anterior aplica igualmente para una pareja de esposos que conviva bajo el mismo techo y sin embargo, uno de los componentes de la pareja incurre en un evidente incumplimiento de las obligaciones maritales. Por lo tanto, este abandono puede o no incluir el desplazamiento efectivo del cónyuge culpable fuera del hogar, ya que esa posibilidad configura solamente una de las muchas maneras cómo uno de los cónyuges puede exteriorizar el incumplimiento de las obligaciones que le corresponde. No se trata que existan dos causales autónomas de abandono, física una y moral o efectiva la otra, ya que en todo instante el abandono voluntario queda configurado por el incumplimiento en sí de las obligaciones, no por la manera cómo se las incumpla. BASE LEGAL: El C.C, en sus artículos 137.- “Con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente…”. Y en su artículo 139.- “El marido y la mujer están obligados a contribuir en la medida de los recursos de cada uno, al cuidado y mantenimiento del hogar común, y a las cargas y demás gastos matrimoniales. En esta misma forma ambos cónyuges deben asistirse recíprocamente en la satisfacción de sus necesidades. Esta obligación cesa para con el cónyuge que se separe del hogar sin justa causa. El cónyuge que dejare de cumplir, sin causa justificada, con estas obligaciones, podrá ser obligado judicialmente a ello, a solicitud del otro.” Conforme al artículo transcrito, se evidencia la obligación que tienen ambos cónyuges de asistirse recíprocamente en la satisfacción de sus necesidades y sí uno de éstos deja de cumplir con las mismas, sin causa justificada, podrá ser obligado judicialmente a ello.  En este sentido, contrario a lo que acontece en los casos de pretensiones de alimentos a favor de los niños y adolescentes, en las que sólo basta demostrar la paternidad para que se presuma la obligación de suministrarlos, en el caso de pretensiones de alimentos a favor del o la cónyuge, la actuación del operador de justicia está sujeta a la demostración de cada uno de los deberes que alega la parte accionante como no debidamente suministrados, atendiendo lo dispuesto en el artículo 12 del C.P.C. Es decir, no opera a favor del actor presunción alguna.  Si la parte accionante no indicó cuantitativamente cuál era la medida de su necesidad, sino que se limitó a demandar a su cónyuge B, basado, supuestamente, porque no le suministra alimentos ni gastos médicos y si, además no demostró con las pruebas aportadas a las actas el incumplimiento por parte de B de la obligación de proveer los recursos suficientes de alimentos y los de necesidad elemental para la subsistencia, al sentenciador no lo quedará más que declarar sin lugar la pretensión de alimentos de A. Ahora bien, Y ¿SI NO SOLAMENTE DISCUTIMOS EL DERECHO “PER SE” DE ALIMENTOS A FAVOR DEL O LA CÓNYUGE, SINO SU AJUSTE POR INFLACIÓN Y/O INDEXACIÓN? Ver sentencia de la Sala de  Casación Civil del TSJ del 17 Noviembre del 2016, en juicio por obligación de manutención a favor de la cónyuge en el que se declaró parcialmente con lugar la demanda pero se negó la indexación de acuerdo al índice inflacionario nacional establecido por el B.C.V. y se solicitó fuera indexada la totalidad del monto que haya de serle cancelado a la cónyuge beneficiada, desde la fecha en que debió entregársele la mensualidad, hasta que la referida sentencia quedara definitivamente firme. Recordemos en artículo inmediatamente anterior al presente, que la doctrina de la Sala de Casación Civil sostiene que la corrección monetaria permite a la persona afectada obtener una reparación real, actual y objetiva del daño sufrido, al ajustar el valor monetario para impedir un mayor perjuicio al acreedor, en virtud a la inflación y del retardo procesal generado en el desenvolvimiento del juicio. Lo anterior es aplicable a TODA OBLIGACION PECUNIARIA y ésta ciertamente lo es. En consecuencia, la respuesta es retórica. Solo bastará discutir en artículos a futuros la Indexación o no en Obligaciones de Manutención a Favor de Menores, cuando el litigante, (sin entrar en consideraciones de lo diligente o no que pudo ser), no previó su ajuste automático y anual en la demanda.

Dra. Ana Santander

9 de diciembre de 2016

DINERO ADEUDADO Y SU AJUSTE POR INFLACION:



Nuestros Clientes y Usuarios, con frecuencia nos solicitan que a la hora de reclamar judicialmente las sumas de dinero que le son adeudadas por sus clientes/deudores morosos y ante la demora en el trámite de los juicios en nuestro país, cuando menos les sean reconocidas tales sumas con su respectivo ajuste por inflación, y/o depreciación de la moneda. Pues bien, es criterio jurisprudencial reiterado pacíficamente, por la Sala de Casación Civil, que la corrección monetaria permite a la persona afectada obtener una reparación real, actual y objetiva del daño sufrido, al ajustar el valor monetario para impedir un mayor perjuicio al acreedor, en virtud a la inflación y del retardo procesal generado en el desenvolvimiento del juicio. INDEXACION DIFERENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS: La indexación no es una pretensión de daños y perjuicios; ella tiene por objeto mitigar el efecto producido por la depreciación de la moneda aunado al retraso en el pago por parte del deudor y la demora material que genera el proceso judicial para su cobro, pues permite a través de los índices inflacionarios el reajuste del valor monetario, actualizándolo al valor del daño soportado por el acreedor desde la demanda hasta el momento en que por sentencia se ordene su liquidación. Constituye un reajuste del valor monetario por el retardo del pago por parte del deudor. MATERIAS SUCEPTIBLES DE INDEXACION: Esta institución es aplicable a todas las obligaciones pecuniarias, vale decir, sobre todas las causas en las cuales se ventilen derechos disponibles y de interés privado. La jurisprudencia venezolana utiliza el término de indexación judicial para referirse a la corrección monetaria que aplica el juez en un caso determinado, ajustando el valor de una obligación pecuniaria re-denominando el valor nominal de la obligación por los índices de costo de vida. La posibilidad de aplicar el método indexatorio, resulta procedente en aquellos casos en que el deudor hubiere entrado en mora, pues el aumento o disminución en el valor de la moneda no incide ni influye en la obligación contraída si ocurre antes de estar vencido el término de pago, pongamos un Ejemplo: la demandante reclama recibir de parte de su cónyuge una pensión de alimentos, con el reajuste de tales pensiones. ¿Podrá acordarse tal solitud en la sentencia definitiva? La respuesta es afirmativa. OPORTUNIDAD PARA SOLICITARLO: Por primera vez, en sentencia del 3-08-1994, en el juicio por cobro de bolívares. la Sala de Casación Civil estableció lo siguiente: “...En primer término, en todas las causas donde se ventilen derechos disponibles y de interés privado, el ajuste por inflación ha de ser solicitado expresa y necesariamente por el actor en su libelo de demanda, no pudiendo ser solicitado en otra oportunidad, a riesgo de incurrir el sentenciador en indefensión de la parte contraria y, de producir un fallo viciado de incongruencia positiva y en un caso de ultra o extrapetita, según sea el caso. Mientras, que en las causas donde se ventilan derechos no disponibles, irrenunciables, o de orden público, el sentenciador podrá acordarlo de oficio, aun cuando no haya sido solicitado por el actor en su libelo de demanda; como por ejemplo, en las causas laborales y las de familia. OPORTUNIDAD EL ACREEDOR DEBE SOLICITAR LA INDEXACIÓN: Dentro del proceso civil, y en los procedimientos en los que él es supletorio, el derecho de defensa de ambas partes, se ejerce en cuanto al fondo de lo controvertido, en la demanda y en la contestación, formándose en estos actos el thema decidendum, el cual conforme al artículo 12 del C.P.C., vincula al juez sobre los alcances de su fallo, ya que sólo podrá decidir sobre lo alegado por las partes, no pudiendo suplir excepciones o defensas no interpuestas. Sin embargo, la Casación Civil ha venido aceptando que en el acto de informes, fuera de las oportunidades preclusivas para alegar, se puedan interponer otras peticiones, entre las que se encuentran la solicitud de indexación de las sumas demandadas “si el fenómeno inflacionario surge con posterioridad a la interposición de la demanda”. Debido a esta interpretación, la indexación podrá ser solicitada por el demandante en oportunidad diferente a la demanda  Conforme a lo anterior, el criterio de la Sala de Casación Civil compartido por la Sala Constitucional respecto a la indexación, es que ésta puede ser solicitada fuera de las oportunidades preclusivas para alegar (demanda o reconvención), en el acto de informes, si el fenómeno inflacionario surge con posterioridad a la interposición de la demanda. DAÑO MORAL: Ahora bien, con ocasión a la improcedencia de la indexación judicial en las demandas por daño moral, la Sala de Casación Civil ha sido constante al determinar que la corrección monetaria constituye un fenómeno autónomo que obedece a circunstancias subjetivas respecto de las obligaciones económicas totalmente distintas a las características expuestas sobre el daño moral. De manera que, la indexación judicial constituye un mecanismo de adecuación automática de una cifra económica a la variación de otras cifras de referencia, usualmente el aumento de precio; por lo tanto, es el método que se utiliza para ajustar las obligaciones de dinero por efecto de la inflación. Y el daño moral, en otro extremo, debe ser finalmente calculado por el sentenciador, sujetado en un proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y de llegar a través de este examen a la aplicación del derecho, analizando la importancia del daño, el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima y la llamada escala de los sufrimientos morales, por lo que hay imposibilidad de indexación del daño moral (sufrimiento que experimenta un individuo en la esfera íntima de su personalidad, que determina su degradación de valor como persona humana, respecto de otros en la sociedad en que se desenvuelve o frente a sí mismo, causado injustamente por un tercero, éste sufrimiento puede igualmente consistir en lesiones corporales o pérdidas físicas de familiares), no sólo porque estos no pueden proceder de oficio, sino porque su causa, características y criterios de fijación son sustancialmente distintas a las razones que fundamentan el ajuste o indexación de obligaciones dinerarias, es decir, no son de naturaleza patrimonial y no existen parámetros que puedan determinar su cuantía, pues su determinación corresponde a la esfera íntima del sentenciador, es decir, el juez debe percibir cuál es la importancia del daño sufrido y atendiendo a la escala de sufrimientos, debe colocarse en la situación de la víctima para comprender qué cantidad razonable y equitativa podría reparar por equivalente dicho daño. Los criterios empleados por el sentenciador son enteramente subjetivos y guiados por su condición humana. De allí que ni la estimación del valor de la demanda, ni lo expresamente solicitado por el interesado o afectado constituye un dato vinculante para el juez al momento de acordarlo. En el daño moral se exige que el reclamante pruebe el llamado hecho generador del daño moral, o sea el conjunto de circunstancias de hecho que genera la aflicción cuyo petitum doloris se reclama. Probado que sea el hecho generador, lo que procede es su estimación, lo cual se hace al prudente arbitrio del juez. LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE: Ahora bien, particularmente las situaciones de daños o perjuicios extracontractuales, constituyen situaciones distintas en las cuales “la situación tiene otro cariz, ya que los daños (emergente y lucro cesante) se liquidan efectivamente para el momento del pago, por lo que es a los precios para esa oportunidad, que se calculan, y siendo así, teóricamente la indexación no puede tener lugar; como tampoco puede tener lugar con relación a los daños morales, ya que ellos los determina el juez también para el momento del fallo, señalando el monto de los mismos. Se trata de sumas que se calculan para la fecha del fallo, sin tomar en cuenta los valores anteriores.

Dra. Ana Santander.

21 de octubre de 2016

¿PUEDEN LOS PADRES COMPRAR/VENDER BIENES DE SUS HIJOS MENORES DE EDAD?:



A nuestros Distinguidos Usuarios, quienes vía telefónica y por correo, nos han solicitado abordar el tema del comercio/intercambio de bienes (compra, venta, hipoteca etc), en favor de sus hijos menores de edad va dirigido este artículo, que, sin pretender convertirse en un “tratado” en el tema, pretende despejar las dudas más frecuentes. PARTIREMOS DE LAS INQUIETUDES MÁS COMUNES: ¿Dra. Mi esposo falleció y dejó unos bienes que son en parte míos y en parte de mis hijos, puedo venderlos sin más trámites?, ¿Dra. Un familiar cercano desea dejarle en propiedad a mi hijo un inmueble que le pertenece, pues no tiene más herederos, puedo yo comprarlo por  él sin más trámites?, ¿Dra. Mi hijo tiene 16 años, puede comprar o vender un inmueble del cual es propietario sin mi autorización?. NORMATIVA QUE RIGE LA MATERIA: La base y presupuesto en esta materia la encontramos en el artículo 267 del C.C que reza en su parte pertinente: “El padre y la madre que ejerzan la patria potestad representan en los actos civiles a sus hijos menores y aun simplemente concebidos, y ad ministran sus bienes...”, por lo que los padres no pueden realizar en nombre de sus hijos, actos que excedan de la simple administración, sin la autorización del juez de menores, incluidos la representación en juicio que son considerados como un acto que excede de la simple administración. La norma transcrita, es la que regula todo lo relativo a la administración y representación de los hijos menores de edad, pues la LOPNNA, al regular la figura de la patria potestad, y la guarda, como uno de sus atributos, establece en su artículo 364: “La representación y administración de los bienes del hijo, se regirán por las disposiciones de los artículos 267 y siguientes del C.C”; De modo pues que todo lo relativo a la representación de los hijos menores, continua siendo regulado por la norma antes copiada, la cual establece que los padres que ejerzan la patria potestad, representan a sus hijos en los actos civiles (compra, venta, gravamen, etc). El mencionado artículo 267 en consecuencia, autoriza plenamente a los padres que ejerzan la patria potestad, para ejercer TODOS LOS ACTOS QUE NO EXCEDAN DE LA SIMPLE ADMINISTRACIÓN; y, por el contrario, se REQUIERE SIEMPRE AUTORIZACIÓN JUDICIAL, para los actos judiciales que el propio legislador menciona, a saber: comprar, vender, hipotecar, transigir, someter los asuntos en que tengan interés los menores a compromisos arbitrales, desistir del procedimiento, de la acción o de los recursos en la representación judicial de los menores, reconocer obligaciones, celebrar transacciones, convenimientos o desistimientos en juicio en que aquellas se cobren, cuando resulten afectados intereses de menores. En otras palabras, el legislador solo exige la autorización judicial, para el cumplimiento de los actos que el mismo textualmente indica. Igualmente el Artículo 269 del C.C. establece que: “La autorización Judicial, en los casos contemplados en el artículo 267 se concederá a solicitud de cualquiera de los progenitores que ejerza la patria potestad y previa notificación del Ministerio Público…”. CUMPLIDOS LOS PRESUPUESTOS DE LEY, EL JUEZ DEBERA: Conceder Autorización Judicial al progenitor solicitante, para realizar Actos que excedan de la simple administración, en nuestro caso, Operaciones de Venta de los derechos que le corresponden al menor de edadde dieciséis (16) años de edad, sobre un inmueble, constituido por un apartamento X. De igual forma se impondrá a la autorizada, la obligación de consignar pruebas de haber realizado la operación de venta y original de los correspondientes Cheques De Gerencia, ante el Tribunal de la causa, a los fines de que la Oficina de Control y Consignación (OCC) del Circuito Judicial respectivo, ordenará se proceda a la apertura de la cuenta de ahorros a nombre del menor de edad y se concederá un plazo de X días después de realizada la operación antes descrita. PROCESO PARA LA AUTORIZACION JUDICIAL PARA VENDER Y COMPRAR INMUEBLE EN BENEFICIO DEL MENOR AUN MAYOR DE 16 AÑOS: Deberán cumplirse, entre otros con estos requisitos: Oir la opinión del menor de edad, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la LOPNNA; presentar Proyecto de Venta/Compra del inmueble, indicando el monto por el cual se pretende vender/comprar; nombrar la persona más idónea para ejercer el cargo de Curador Especial para que represente al menor en esta operación; de conformidad con lo establecido en el artículo 270 del C.C.; Consignar copia certificada del documento de propiedad y Certificación de Gravamen del inmueble que se va a comprar, realizar avalúo en el inmueble objeto de esta operación; para tal fin designar persona con las cualidades necesarias como perito avaluador (de ser necesario); Notificar al Fiscal del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 170 literal d, de la LOPNNA para que emita su opinión conforme a los artículos 267 y 269 del C.C. Ante tal circunstancia, el Juzgador declarará procedente la solicitud de Autorización Judicial Para Vender/Comprar  el inmueble que ha sido propuesta. En atención a lo anterior, concederá autorización amplia y suficiente para que el progenitor solicitante, venda/compre en nombre y representación del menor el porcentaje que le corresponde sobre el bien,  por un precio de X, en un término de X días, contados a partir de la fecha de registro de la decisión del Juzgado competente. De igual forma se ordenará llevar a las actas procesales (expediente), constancia de haberse efectuado dicha operación. Por su parte, el Registrador Inmobiliario ante quien se vaya a protocolizar el documento de compra/venta, tomará la nota de los términos en que ha sido concedida la autorización y deberá remitir al Juez de la causa la constancia de haberse realizado dicha operación, dejando a salvo los derechos a terceros. CONCLUSION: SI se requiere de la Autorización Judicial del Tribunal de Protección respectivo, para efectuar, en favor de los menores de edad, aun y cuando tengan 16 años de edad, actos de comercio que excedan de la simple administración.

Dra. Ana Santander.

7 de octubre de 2016

¿QUÉ HACER CUANDO EXISTEN NEGOCIOS ILEGALES O MOLESTOS EN ZONAS RESIDENCIALES?:




No pocas son las personas que se acercan a nuestro Despacho Jurídico, planteando como inquietud el vivir cerca de una licorería, taller mecánico, parley, u otro negocio que afecta y perjudican la normal convivencia familiar y residencial. Ante tal circunstancia, la clásica pregunta es: Dra. ¿Cómo hago para sacar a esa gente de allí?. Pues bien, varias son las alternativas. En una prima face, la recomendación básica es contratar, como siempre, a un Profesional del Derecho que previa revisión del caso en cuestión plantee una estrategia legal a seguir. Nuestro Despacho Jurídico, lo ha resuelto unas veces por la vía administrativa y otras veces por la vía judicial. LA VIA ADMINISTRATIVA: Pruebas: Lo ideal es  probar la perturbación que ocasiona el negocio en cuestión. Lo anterior a través de Fotografías, Inspecciones Oculares evacuadas por ante los Tribunales competentes, Justificativos de Testigos, entre otras, que sirvan a modo de pre-constitución de pruebas que avalen el modo, forma, lugar y circunstancias en que afecta la vida residencial el negocio objetado. Formal Denuncia: Dirigida a la Autoridad/Departamento/Dirección de la Alcaldía de la jurisdicción del inmueble que corresponda, en la cual se exponga la fundamentación fáctica y legal del caso. Para ello será necesario adecuarse y estudiar a fondo la zonificación del área que ocupa el negocio, su permisología (Conformidad de Uso) necesaria para desplegar ese tipo de actividad comercial o si por el contrario, dicho negocio está girando al margen de la Ley y si está adecuado a las variables urbanas y demás normas aplicables, -a modo de ejemplo la Ley Orgánica De Ordenación Urbanística-, así como las Ordenanzas de la jurisdicción. Tramitar el Proceso Administrativo de rigor: este proceso deberá conducir a la inspección del inmueble, entre otras pesquisas y a la imposición de sanciones/medidas tendentes a hacer cesar la perturbación del negocio objetado. LA VIA JUDICIAL: Incorporar por ante los Tribunales, Demanda formal a los fines de obtener la clausura de actividades del negocio o establecimiento. La Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, permite  que si un inmueble se destinare presuntamente a un uso contrario al que le corresponda conforme al plano a la ordenanza de zonificación o si en dicho inmueble se realizaren construcciones ilegales, la asociación o cualquier persona con interés legítimo, personal y directo podrá solicitar de un Juez de Distrito, Departamento o de equivalente jerarquía, según el caso, de la respectiva Circunscripción Judicial la paralización de las actividades y el cierre o clausuras del establecimiento. Por lo tanto, el Juez que conozca la causa, con el examen de las probanzas; determinará si quedó demostrado que las actividades que realiza el negocio, se efectúan ilegalmente o no. En caso afirmativo, declarará con lugar, la Solicitud de Paralización de Actividades y podrá ordenar, el Cierre o Clausura del negocio, que se mantendrá hasta tanto el propietario/gerente del mismo le presente al Tribunal de la causa, los documentos que evidencien la correspondiente permisología y adaptación al marco legal. CONCLUSION: Activando la vías legales, cuando un negocio incurra en alguna irregularidad (contaminación sónica, ocupación arbitraria de vía pública, contaminación ambiental, desórdenes públicos), tanto las autoridades administrativas, como las judiciales, tienen a su alcance la potestad de dictar las medidas cautelares que hagan cesar e impedir la continuación de la perturbación, máxime cuando está de por medio no solo los intereses particulares de un vecino, sino el interés colectivo de una Comunidad de Vecinos determinada.

Dra. Ana Santander 

5 de agosto de 2016

DERECHOS EN LA TERCERA EDAD/ADULTO MAYOR:



La intención de este artículo no es hacer un estudio a fondo de la problemática existente en nuestro país respecto a los derechos y deberes de la Tercera Edad y/o Adulto Mayor, (lo cual ampliaremos poco a poco en artículos sucesivos), pero si dejar sembrada la inquietud de la necesidad y urgencia del decreto de una Ley que en forma integral proteja a esta categoría de adultos. Si bien es cierto que en la actualidad, en determinadas Alcaldías se han puesto en práctica programas de protección a nuestros adultos mayores, aún no se coordina el efectivo ejercicio de sus derechos en forma progresiva, en similar aplicación con lo que ocurre con los derechos de nuestros menores. Lo anterior es necesario para lograr un régimen prestacional uniforme. El Estado debe aportar el financiamiento necesario dentro de la partida presupuestaria para atender el régimen de atención al adulto mayor con recursos fiscales, pues  es un deber del Estado restablecer la protección, respeto y dignidad a los adultos en tercera edad, ante tanta indiferencia, discriminación, exclusión a la que son sometidos a diario por terceras personas e incluso por sus familiares. PROTECCION LEGAL EN VENEZUELA: Contamos con un conjunto normativo disperso y complicado de manejar,  se trata de diversos instrumentos legales que regulan la materia, unos imponiendo contribuciones fiscales, otros con una visión de asistencia. Cuando lo adecuado, se insiste es crear una ley de la especialidad que otorgue protección integral, sin discriminación alguna, muy especialmente para aquellos que se encuentran en total desamparo, en estado de necesidad y sin ningún tipo de ingreso. CONSTITUCION DE VENEZUELA: Artículo 23; según el cual los tratados, relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en sus disposiciones y en las leyes de la República, siendo de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.  Pongamos algunos ejemplos de NORMAS INTERNACIONALES en materia de protección social al Adulto Mayor que tienen aplicabilidad en Venezuela, Convenios de la O.I.T, ratificados por Venezuela: -Convenio 102 sobre Seguridad Social 1952, en su Parte V, regula las Prestaciones de Vejez disponiendo que todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez. -Convenio 128 relativo a las Prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivientes 1967, en su Parte III, regula las Prestaciones de Vejez y dispone que todo Miembro para el cual esté en vigor la presente parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez, de conformidad con los artículos que contempla.  -Convenio 118 relativo a la Igualdad de Trato de Nacionales y Extranjeros en Materia de Seguridad Social 1962, también dispone que todo Estado Miembro puede aceptar las obligaciones del presente Convenio en cuanto concierna a una o varias de las ramas de la Seguridad Social, para las cuales posea una legislación efectivamente aplicada en su territorio a sus propios nacionales, incluyendo expresamente, a las prestaciones de vejez. Es lamentable, por otro lado, que la Convención Interamericana Sobre La Protección De Los Derechos Humanos De Las Personas Mayores 2015, no haya sido ratificada por Venezuela aún. Volvamos a nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL: Artículo 80:”El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos...y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser menores al salario mínimo urbano", que en base al principio de la igualdad ante la Ley, los adultos mayores, también tienen derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares y comunitarias (Artículo 82). Artículo 83: derecho a la salud como un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida, para lo cual promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios, pues todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. Artículo 86 “Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure la protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda...El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección." Artículo 135, dispone de manera expresa que las responsabilidades que corresponden al Estado en virtud de la solidaridad social y asistencia humanitaria, no excluyen a las que correspondan a los particulares según su capacidad, poniendo de manifiesto el papel determinante que juegan los distintos actores sociales, públicos y privados, individuales y colectivos como participantes activos en la garantía de protección de aquellos sujetos que por razones diversas atraviesen un estado de necesidad producto de la ocurrencia de contingencias sociales, entre ellas, la vejez. Es decir, existe una responsabilidad solidaria frente al Adulto Mayor. LEY DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO: Contiene la previsión social a favor de la protección en la vejez, la pensión por vejez es vitalicia y se comienza a pagar siempre que se tenga derecho a ella, desde la fecha en que sea solicitada. LEY DEL ESTATUTO SOBRE EL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, de los Estados y de los Municipios: el derecho a la jubilación, exclusivo de los funcionarios de carrera, se adquiere cuando el funcionario haya alcanzado la edad de 60 años si es hombre, o de 55 si es mujer. LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES: establece el régimen de seguridad social del personal, aún cuando de manera expresa no se disponga el derecho a una pensión de vejez o jubilación, sí se consagra el derecho a los Oficiales y Suboficiales Profesionales de Carrera que pasen a la situación de retiro o cese de funciones y el personal de Tropa Profesional que sea retirado, a gozar de una pensión de retiro. Aplaudimos la LEY DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL ESTADO LARA, del 11 de Agosto del 2005, que ordena todos y cada uno de los beneficios del Adulto Mayor, tales como: la atención en salud; la asistencia jurídica gratuita y trato preferencial; beneficios en el transporte público; la asistencia en educación y capacitación; las actividades laborales y de ocupación; las actividades recreativas, culturales y deportivas. Igualmente, consagra un conjunto de disposiciones legales relativas a la prestación de ayudas económicas mensuales para aquellos adultos mayores que lo requieran y cumplan con las condiciones y exigencias que establece la Ley y contempla los centros de atención abierta como las casas de vida prolongada y las gero-granjas, lo relativo a los miembros del Consejo, el Registro Estadal de Ciudadanos en situación de Adulto Mayor y las denuncias a quienes infrinjan esta Ley. El anterior es un excelente ejemplo de protección integral a la tercera edad. CÓDIGO CIVIL: Artículo 284.- “Los hijos tienen la obligación de asistir y suministrar alimentos a sus padres, y demás ascendientes maternos y paternos. Esta obligación comprende todo  cuanto sea necesario para asegurarles mantenimiento, alojamiento, vestido, atención médica, medicamentos y condiciones de vida adecuados a su edad y salud, y es exigible en todos los casos en que los padres o ascendientes carecen de recursos o medios para atender a la satisfacción de sus necesidades o se encuentran imposibilitados para ello. Al apreciarse esta imposibilidad se tomará en consideración la edad, condición y demás circunstancias personales del beneficiario…”. Como ha quedado expuesto, son tímidos intentos (salvando el del Estado Lara), de por vía legislativa procurar la protección de nuestros adultos mayores. FINALMENTE UNA REFLEXIÓN: Otrora, en Venezuela los adultos mayores eran los más respetados y sabios, basta un magnífico ejemplo, nuestro Arturo Uslar Pietri. Hoy por hoy, estos adultos son discriminados de múltiples formas empezando desde el hogar, donde su propia familia les excluye, la tendencia es verlos como improductivos, ineficientes, enfermos y decadentes. Queda pues a nosotros, los colaboradores de la justicia, el impulsar a través de nuestros canales respectivos, que al adulto mayor se le reconozcan sus derechos y deberes en normas sustantivas que procuren un verdadero balance entre lo garantista, asistencialista e impositivo.  Este Despacho Jurídico se suma a esa tarea.


Dra. Ana Santander. 

 

1 de julio de 2016

INSEMINACION ARTIFICIAL POST MORTEN/AUTORIZACION EXPRESA DEL DE CUJUS:


DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO:…la parte accionante…: 1.- Que...el causante D, antes de morir, deja su semen con la expectativa legítima, y reiterada en documentos privados y en hechos públicos y notorios, incluso comunicacionales, y consensuada con su esposa Y de poder engendrar vida, y así intentar la concepción y gestación del hijo tan ansiado, por lo que acordaron someterse a un proceso de inseminación artificial o asistida y por ende, a la utilización de los métodos más apropiados para conservar la muestra espermática de D…a cargo del G, C.A…2.- Que, con ocasión de la negativa del G, C.A….de realizar una “inseminación artificial” con la muestra espermática de D…interpusieron una acción de amparo constitucional ante el Juzgado…de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual fue declarada sin lugar…3.- Que el juez que conoció del amparo, lo desestimó al señalar que:...Después del fallecimiento del padre, la carga de la prueba de las condiciones antes expuestas recae sobre el cónyuge supérstite, los propios hijos o los tutores de los mismos, por lo que no habiéndose demostrado el consentimiento para la reproducción post mortem del ciudadano D…forzosamente ha de declararse impróspera la presente acción...Se ordene al G, C.A…realizar de forma inmediata la “inseminación artificial”…Que en su defecto…proceda a la entrega de la referida muestra seminal a la ciudadana Y…ALEGATOS PARTE ACCIONADA:1.- Que...el paciente fallece en el mes de noviembre de 2004 y llena la autorización en el mes de junio de 2003, donde señala que no se utilice la prueba, es decir el paciente tuvo más de año y medio para modificar la autorización y no lo hizo; nosotros nos debemos a la autorización del paciente, ya que se crearía un caos en caso de no cumplir con la palabra de aquel, tendríamos paternidades no deseadas…2.- Que...el caso es que el fallecido quiso tener un hijo y estar con él, no que se utilizara la muestra después de muerto...3.- Que...somos pioneros en fertilización, estamos de acuerdo con la procreación siempre y cuando conste la autorización del paciente….4.-…motivo de su negativa a utilizar y a entregar la muestra, la parte accionada contestó: “Debido a la decisión del paciente en la solicitud de preservación del semen que indicó que no sea utilizada si él no estaba presente…el cónyuge…expresamente manifestó que no autorizaba a su pareja para que le entregaran la muestra de semen por él consignada…para intentar un embarazo sin que él estuviera presente o emitiera una autorización adicional”...CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:quien decide procrear tiene el derecho a hacerlo sin más limitaciones que las establecidas por la Constitución y las leyes. Y hoy en día se han procurado métodos para que quienes de manera natural no puedan hacerlo, tengan la posibilidad real y efectiva de tener descendencia, en pro de la consolidación y bienestar de la familia; hijos que tienen… derechos como el de tener un nombre, apellido, nacionalidad, conocimiento de sus progenitores, cuidado y protección, por solo mencionar algunos…REPRODUCCIÓN ASISTIDA:…no existe en Venezuela legislación al respecto (salvo la referencia que hace el artículo 204 del CC,  y, por supuesto, la que hace el artículo 127 de la Constitución, al establecer que...El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia”….La reproducción asistidatécnica de apoyo a la fertilidad en parejas infértiles...MODALIDADES DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA:a)   Inseminación artificial homóloga: el semen del compañero se hace llegar al óvulo por medios artificiales y el óvulo es fecundado dentro del útero materno.b)  Inseminación artificial heteróloga: semen de donante; como en el anterior el semen se lleva artificialmente hasta el óvulo y lo fecunda en el interior del útero.c)   Fecundación “in vitro” homóloga: consiste en la fecundación del óvulo en el laboratorio, en un medio artificialmente creado;  con posterior transferencia al  útero, (con semen de persona conocida)..d)  Fecundación “in vitro” con semen de donante: es indiferente la situación de la mujer (casada o soltera); su óvulo es fecundado con semen de donante anónimo y luego transferido a su útero.e)   Fecundación “in vitro” con donación de óvulos: el semen puede ser del marido o de un donante anónimo; lo fundamental es que también el óvulo es de otra mujer distinta de aquella en quien se implanta después de la fecundación; se da a luz un ser al que únicamente se ha gestado.f)    Transferencia intratubárica de gametos en mujeres con obstrucción de trompas, se realiza en vivo, introduciendo los gametos más allá de la obstrucción, para que  se realice la fecundación y el cigoto continúe su ulterior desarrollo en su medio natural.g)   Transferencia nuclear: en mujeres con defectos citoplasmáticos de óvulos; es muy parecida a la técnica utilizada en la clonación animal y consiste en introducir el núcleo celular de ovocitos de la mujer  en los óvulos de las donantes, a los que se les ha quitado el núcleo. El óvulo ya puede ser fertilizado bien de forma natural si se introduce de nuevo en el útero o in Vitro”. Por lo general, se suele utilizar sin distinción los términos de inseminación artificial, fecundación in Vitro y otros, cuando en realidad se trata de distintas técnicas de reproducción asistida, a las cuales en el futuro pueden añadirse otras. Como se desprende del documento cursante al folio 73 de la pieza principal, a la ciudadana Y…se decidió someterla a fertilización  In Vitro con el semen congelado…” de su esposo. FECUNDACIÓN IN VITRO:…se trata de la fecundación del óvulo…fuera del cuerpo de la madre, el cultivo durante los primeros pasos de la división y la ulterior implantación en el útero de la donante…fecundación extracorpórea…proceso por el cual los óvulos, obtenidos por aspiración de folículos estimulados, son fertilizados con espermatozoides, fuera del cuerpo humano. Los resultantes zigotos/embriones son cultivados en condiciones controladas en una incubadora por un par de días y luego los embriones son transferidos al útero materno. Este es el procedimiento que se conoce coloquialmente como ‘bebé probeta’…el sistema de reproducción asistida planteado por el G, C.Afue la conocida como procreación artificial homóloga, es decir, la que se lleva a cabo con el semen del marido; distinta a la heteróloga, que se efectúa con semen de un donante; por lo general anónimo. DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN EN CASO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA:…fecundación in vitro homóloga no presenta problemas en la determinación de la filiación del hijo nacido por dicho método, toda vez que es utilizada por dos personas capaces y con su consentimiento, a diferencia de la heteróloga, en la cual se tiende a atribuir una paternidad distinta de la biológica, pues como ya se apuntó interviene un donante anónimo, y tendrá importancia el hecho de que la mujer esté soltera o casada; pues en este último supuesto la paternidad debe atribuírsele al marido y la filiación es matrimonial (artículo 204 del CC), pero en el caso de la soltera  el hijo tiene el carácter de extramatrimonial y, en principio nadie podrá ser legalmente su padre, salvo que lo haga por adopción…Este último supuesto trae muchas interrogantes pues podría darse el caso de intereses contrapuestos del donante en cuanto a su identidad, la cual está en anonimato en los Bancos de Donación, con el derecho constitucional que tiene todo niño de conocer a sus padres... en el caso de autos…La inseminación artificial está contemplada someramente en el artículo 204 del Código Civil, y dicha norma impide al marido desconocer al hijo, si ha autorizado la inseminación artificial de la mujer, así no sea de él el semen…Estando prevista en el artículo 204 del CC la inseminación artificial, y siendo posible que ella tenga lugar entre esposos, después de la muerte de uno de los cónyuges, y siempre que la cónyuge no contraiga matrimonio antes del alumbramiento, la filiación del nacido por esta técnica, se reconocerá conforme a lo expuesto, y así se declara. Igualmente tal filiación quedará establecida si se trata de una inseminación artificial que utiliza semen u óvulos de personas sin impedimentos para contraer matrimonio, pero entre quienes no hay vínculo matrimonial, siempre que conste la existencia del semen o los óvulos, de quienes emanan, y la manifestación de voluntad de que ese semen se utilice para fecundar por inseminación artificial homóloga o fecundación in Vitro homóloga, al óvulo de persona determinada que aceptó. REFERENCIA A LA DONACIÓN RETRIBUIDA Y A LOS CASOS DE MADRES SUBROGADAS:…no han sido objeto de regulación legal, y los aspectos que sobre las mismas hayan de resolverse, mientras no se dicten las leyes, se hará en la oportunidad que a la Sala se le planteen conflictos en concreto como el originado en autos…CAPACIDAD:En el presente caso, la actora tiene capacidad jurídica y de obrar como también la tuvo en vida su cónyuge fallecido; tan es así que ejercieron la capacidad, al contraer matrimonio…Por lo tanto, no podrían ser estimados como incapaces de realizar o hacer declaraciones de voluntad dirigidas a producir efectos jurídicos, como en este caso lo serían la solicitud de criopreservación de semen…Ahora bien, se ha presentado aquí la disyuntiva de sí la actora puede o no disponer de esa muestra seminal criopreservada (a solicitud de su esposo fallecido) a los fines de que sea descongelada para su utilización en el método de reproducción asistida que le fue sugerido por el G, C.A. que aquí ha sido señalado como agraviante. Para lo cual la Sala estima necesario referirse a la Ley sobre Transplantes de Órganos y Materiales Anatómicos en Seres Humanos, la cual en su artículo 1 dispone que: “El transplante o la disposición de órganos, tejidos, derivados o materiales anatómicos provenientes de seres humanos, con fines terapéuticos, de investigación y de docencia, se rige por las disposiciones de esta Ley. Se excluyen de los requisitos de esta Ley, los cabellos y las uñas. También la sangre y sus componentes, ovarios, óvulos y esperma pero en estos casos deberá siempre solicitarse la aceptación del donante y el receptor, si este último no pudiera, de los parientes previstos en el artículo 17…Así se desprende que la disposición del esperma, la cual está excluida del cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley de Transplantes de Órganos y Materiales Anatómicos en Seres Humanos, exige la aceptación del donante y del receptor…En el caso de autos, existe una clara aceptación de la receptora quien es la actora, lo que se discute justamente es la aceptación o no del donante, ciudadano Drespecto a lo cual se pronunciará en forma definitiva esta Sala más adelante. FECUNDACIÓN NO CONSENTIDA:…hay que distinguir si se trata de un matrimonio o de quienes mantienen una relación concubinaria, de quien obtiene el semen de persona con quien tiene una relación ocasional. En los dos primeros supuestos hay filiación obligatoria, mientras que en el último hay que hacer otra distinción, quienes tienen sexo consensuado, corren el peligro de procrear, así se utilicen preservativos tanto por el hombre como por la mujer, que pueden fallar, y tal peligro sigue en pie si la mujer obtiene -en esta última situación- de alguna manera el semen del hombre. El hijo nacido de la inseminación con el semen recogido de manera artificiosa podrá reclamar la filiación que le corresponde y exigir de sus padres los derechos que le otorga el artículo 76 constitucional; al fin y al cabo él es el producto, así sea atípico, de una relación sexual. Distinta tiene que ser la situación si el semen es recogido fuera de una relación sexual personal de cualquier tipo, o los óvulos son hurtados del centro médico que los tenía, o son manipulados para que los fecunde persona distinta a la que escogió la mujer. Surge así una contradicción entre los derechos del niño que nacerá, de conocer y ser asistido por sus padres, y el de la dignidad del padre o madre timados por el ilegal uso del semen o los óvulos, cuyos derechos al desarrollo de la personalidad se ven afectados por un hijo no querido, y que por lo regular será rechazado. Violándosele a uno de los padres el derecho que le otorga el artículo 76 Constitucional, de decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que desea concebir. A juicio de esta Sala, en casos como éstosel así nacido carece de derechos alimentarios y sucesorales con respecto al progenitor, por ser producto de una manipulación indigna….CAPACIDAD PARA SUCEDER:…Tanto el semen del hombre como los óvulos de las mujeres, son bienes biológicos no susceptibles de formar parte de los bienes sucesorales de las personas...Por otra parte, tanto el semen como los óvulos, pueden ser dispuestos por sus poseedores biológicos para que sean utilizados  en vida o post mortem. En ese sentido será necesario una manifestación de voluntad expresa o inequívoca según las circunstancias, que denote con claridad la autorización para que sean utilizadas en procesos de fecundación o en otro sentido, después de la muerte de quien autoriza. Así pues el testamento, en ese sentido equivale a un documento auténtico. Tal manifestación de voluntad debe constar en documentos auténticos o privados, o por una combinación de éstos con otros elementos que prueban la voluntad y sus alcances. Cuando tal manifestación expresa no existe, o no puede determinarse su alcance, a juicio de esta Sala, la utilización por parte de cualquiera de esos elementos biológicos es ilegal, a menos que se usen para salvar vidas en estado de necesidad. En consecuencia, dichos elementos deberán ser destruidos en un tiempo prudencial por su tenedor, una vez finalizada la obligación destinada a la reproducción asistida. De allí que es ilegal extraer –si fuese posible- esperma u óvulos de difuntos, que no hubiesen permisado en vida, tales operaciones; así sea el cónyuge supérstite quien ordene la extracción y subsiguiente reproducción asistida…A juicio de esta Sala, la situación de los nacidos post mortem por sistemas de reproducción asistida, fuera de los plazos de los artículos 201 y 202 del CC, sin autorización del donante sufren una disminución en sus derechos, en materia sucesoral, ya que conforme al artículo 809 del mencionado Código “son incapaces de suceder los que en el momento de la apertura de la sucesión no estén todavía concebidos”…el no concebido para la fecha de la apertura de la sucesión no hereda al padre que aportó el semen, o a la madre que consigna el óvulo. Pero, cuando la persona ha autorizado en vida la reproducción asistida, para que pueda realizarse post mortem, con persona señalada o señalable, hay una clara voluntad de que nazca alguien con la condición de hijo, a quien la Constitución y las leyes le reconocen el derecho de conocer a sus padres, lo que para esta Sala es un conocer integral y jurídico, y el artículo 809 del Código Civil debe ceder ante esta situación, ya que el conocer a qué tiene derecho este hijo, debe ser igual al de los otros hijos. Claro está, que las autorizaciones falsas total o parcialmente podrán ser atacadas por cualquier interesado. ..ANÁLISIS CONCRETO DEL AMPARO PROPUESTO:…No ha sido controvertido el hecho de que los ciudadanos Y y su difunto esposo D, acudieron al G, C.A…con el fin de preservar muestra seminal del referido ciudadano, quien iba a ser sometido a tratamiento químico, por padecer de “Sarcoma de Ewing metastásico a hueso”. .. Ahora bien, lo que si ha sido controvertido en el presente caso han sido dos circunstancias, a saber: 1.- La voluntad del ciudadano D…de que su muestra sea utilizada por la actora para aplicar una fertilización in Vitro 2.- El hecho de que el referido ciudadano padeció una enfermedad que podría ser hereditaria…Considera esta Sala que la entrega de la muestra seminal a una institución como la Clínica…, dedicada a la aplicación de tratamientos de fertilización asistidaeimplica la expresión directa y específica de la voluntad de D…, de que se ponga en práctica uno de los métodos de reproducción asistida, siendo la receptora del semen su esposa, como surge de las pruebas antes analizadas. Para contrarrestar esta voluntad se requerirá que una de las personas a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Transplantes de Órganos y Materiales Anatómicos en Seres Humanos…, o en su defecto una de las nombradas en el artículo 17, se oponga a dicha voluntad con una razón motivada en un acto que genere la certeza de que quien actuó de una forma cambió de parecer, y ese no es el caso de autos. No puede la institución médica, en este caso, el G, C.A., que tiene un compromiso previamente pautado con la actora y su cónyuge fallecido (1264 del CC),  negarse, pues existe en autos documento posterior a la solicitud de criopreservación  que revela de manera patente que el ciudadano D...manifestó la voluntad procreacional, específicamente a través del procedimiento de reproducción asistida con la muestra custodiada…para que esta manifestación de voluntad pierda validez, hace falta otra que le reste certeza respecto al deseo del fallecido, lo cual consistiría en la manifestación escrita de que su esperma fuese destruida en el caso de fallecer, y éste no es el supuesto de autos, muy el por el contrario pocos meses antes de su fallecimiento, dicho ciudadano contrajo matrimonio civil con la actora…Así mismo, respecto a la filiación paterna establece el artículo 204 del CC, lo siguiente:…El marido no puede desconocer al hijo alegando su impotencia, a menos que sea manifiesta y permanente. El desconocimiento no se admitirá, aun en ese caso, cuando la concepción ha tenido lugar por la inseminación artificial de la mujer con autorización del maridoEn consecuencia, se ordena completar el CICLO DE FERTILIZACIÓN IN VITRO en la persona de Y…” VOTO SALVADO:… absoluta claridad, que el fallecido no autorizó a su cónyuge “a retirar y utilizar la muestra por él entregada para intentar lograr un embarazo, sin requerirse su presencia ni ninguna autorización adicional de su parteesa negativa expresano se habría producido el indispensable requisito de manifestación de voluntad del donante, a tenor de la Ley de Transplantes ni, como se establece a lo largo de toda la decisión, la “voluntad procreacional” de aquél después de su muerte. Por ello, por el contrario, no hay violación alguna al derecho a la procreación de la actora, ni si quiera a una expectativa legítima de hacerlo, porque ese derecho, después de la muerte de su cónyuge, está indisolublemente ligado a la voluntad concordante de quien fue su marido con efectos post mortem, la cual no existe…”

Dra. Ana Santander.

¿HAY QUE DEMANDAR A AMBOS ESPOSOS EN JUICIOS RELATIVOS A BIENES DE LA COMUNIDAD CONYUGAL?:


La  respuesta es afirmativa. Resumimos Sentencia de interés del 29-06-2016, emanada de la Sala de Casación Civil del TSJ, a nuestro modo acostumbrado: “…ha sostenido que la observancia de los trámites esenciales del procedimiento se encuentra íntimamente vinculada al principio de legalidad de las formas procesales, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley. De allí que no les está permitido a los jueces de instancia relajar la estructura, secuencia y desarrollo del procedimiento, esto es, el modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos procesales, porque las garantías del debido proceso, de defensa de las partes y el de tutela judicial efectiva incumbe al orden público y sólo en caso excepcional, cuando dichas formas no estén previstas, podrá el juez establecer las que considere más idóneas. (Artículo 7° del CPC); por lo tanto las infracciones de aquellas normas que regulan la forma de efectuar los actos procesales, pueden traducirse en vicios, que siendo imputables al juez, pueden ocasionar a las partes transgresión de derechos constitucionales de vital importancia en el proceso, tales como el derecho a la defensa y al debido proceso…desde otra perspectiva, los … 206 del CPC y 26 y 257 de la CRBV, llevan a la ineludible conclusión de que, en todo caso y en todos los casos, la nulidad y reposición a que se refiere el artículo 320 del Código Adjetivo…”, implica la debida ponderación “…del derecho de los justiciables a una justicia ‘equitativa’, ‘expedita’, ‘sin dilaciones indebidas’ y ‘sin formalismos o reposiciones inútiles’, en el marco de un proceso que sea, en forma eficaz, ‘un instrumento fundamental para la realización de la justicia’ y que no sacrifique ese objetivo ‘por la omisión de formalidades no esenciales”. Lo anterior significa, que los actos que causaren violación del derecho de defensa y alteraren el debido equilibrio procesal de las partes en el proceso, en efecto deben ser declarados nulos conforme con los principios jurídicos fundamentales de celeridad procesal y justicia expeditaEN EL CASO QUE SE EXAMINA: el juez superior, en relación con la constitución de la relación jurídico procesal estableció lo siguiente: “Como punto previo a la decisión de mérito, se desprende de los autos que en fecha 8 de enero de 2013, el Abogado C… se dio por citado y asimismo consignó el poder otorgado por M y A...Ahora bien, esta juzgadora observa que el precitado abogado en las diferentes etapas del iter procesal, como lo son, la contestación de la demanda, la oportunidad para promover pruebas, informes en primera instancia y ante esta alzada, presentó escritos mediante los cuales se atribuyó la representación de los ciudadanos M y A, advirtiendo quien juzga que el último de los nombrados no integra la relación jurídica procesal, puesto que el precitado ciudadano no fue demandado en la presente causa, tal como se evidencia del escrito libelar, del auto de admisión de la demanda y de la citación librada por el tribunal, razón por la que, esta superioridad a los efectos del presente juicio, reconoce la representación del abogado C, sólo en lo que respecta a la ciudadana M…ESTA SALA OBSERVA:…si bien es cierto que la demandante en su libelo no señala expresamente al ciudadano E como parte demanda, y no obstante la ausencia de citación de éste, el mismo intervino voluntariamente en el proceso, consignando poder de representación…no queda duda para la Sala que el mismo intervino en forma voluntaria evidenciando que se hizo parte del juicio. Lo que pone de manifiesto que no obstante, el error originado en la ausencia de citación, éste fue subsanado por la propia parte llamado por ley a integrar un litisconsorcio pasivo necesario.resulta fundamental tomar en consideración…el artículo 168 del CC, atinente a las reglas de administración y disposición de los bienes de la comunidad conyugal y de la legitimación en juicio, estableció inequívocamente lo siguiente:…por un lado“…que… los cónyuges podrán administrar por sí sólo los bienes de la comunidad que hubiere adquirido con su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo, sin embargo, para que los actos de disposición sobre bienes muebles e inmuebles, derechos o bienes muebles sometidos a régimen de publicidad, acciones, obligaciones y cuotas de compañías, fondos de comercio, así como aportes de dichos bienes a sociedades de la comunidad conyugal, surtan efectos legales, se requiere el consentimiento de ambos cónyuges. En estos casos la legitimación en juicio para las respectivas acciones corresponderá a los dos cónyuges en forma conjuntaDe modo que, la ausencia de citación o el error inicial en la tramitación del juico respecto del ciudadano E…no afectó en ningún modo el interés de la parte, quien de forma voluntaria actuó en el proceso en defensa de sus derechos, y quien mediante representación judicial acreditada en juicio demostró con sus actos estar en conocimiento del mismo, promovió y evacuó pruebas, accedió a informes, entre otros, y en definitiva ejerció plenamente los medios dispuestos para su defensa. De allí que, desde la perspectiva constitucional la finalidad del acto se cumplió, cual es garantizar la debida representación de la comunidad conyugal en juicioel juez superior ha debido considerar válidamente constituido el litisconsorcio pasivo necesario, y de ningún modo considerar que “…el último de los nombrados no integra la relación jurídica procesal, puesto que el precitado ciudadano no fue demandado en la presente causa…”, excluyendo así al mencionado ciudadano E…como lo hizo…”
Dra. Ana Santander