DERECHO

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16 de abril de 2010

ACCIDENTES LABORALES: QUIEN PRUEBA?:


La responsabilidad objetiva del patrono (guardián de la cosa) en materia de accidentes o enfermedades profesionales, es procedente independientemente de su culpa o negligencia, siempre que el accidente o enfermedad provenga del trabajo mismo o con ocasión directa de él. Este es el principio legal base, ahora bien, pongamos un ejemplo: La ciudadana X sufrió un accidente mientras prestaba sus servicios para su patrono, se discute las secuelas del mismo y la eventual responsabilidad civil del patrono en su ocurrencia. La carga de la prueba sobre la enfermedad profesional y el hecho ilícito recae en cabeza de la trabajadora, correspondiendo al patrono probar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. A la ciudadana X se le diagnosticó “lumbalgia crónica, hernia discal”, y un porcentaje de pérdida de capacidad para el trabajo del 67%, tal y como se desprende de la evaluación de discapacidad elaborada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; del informe suministrado por la Dirección de Medicina del Trabajo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; y del informe médico suministrado por la Dra. “Y”.La ciudadana “X”, dice que reclama indemnización por daño moral derivada de la conducta subjetiva del patrono, porque la silla de ruedas que se le suministró se le dañó. Sin embargo, no demuestra que la base de la silla se haya fracturado por su mal estado, pues no existe la certeza de que esa sea la única causa posible, no consta en autos las condiciones de la silla, tiempo de uso, funcionamiento, relación de peso y resistencia, ergonomía, disposición, estructura y estabilidad. En virtud de ello, no puede afirmarse que la empresa incurrió en culpa, al no haber tomado los correctivos sobre los eventuales desperfectos de la silla, si el presunto mal estado de la misma tampoco le fue participado a la empresa. Reclama también la indemnización por lucro cesante, pero es requisito de procedencia de este tipo de reclamos, la demostración de que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se haya producido por un hecho ilícito, si tal circunstancia no quedó demostrada por la trabajadora no prosperará. Reclama las sanciones patrimoniales establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en los Parágrafos Segundo y Tercero del artículo 33, pero si el patrono demostró, que la trabajadora conocía la condición riesgosa de la actividad y la informó sobre los riesgos de su trabajo y le dio charlas sobre seguridad, cumplió las normas de la referida ley especial. No obstante, y sobre el daño moral, en aplicación de la “teoría del riesgo profesional”, dicho daño debe ser reparado por el patrono aunque no haya habido culpa en la ocurrencia del infortunio de trabajo. Se realizará, entonces, una estimación del daño moral, así: el Juez debe hacer un examen del caso en concreto, analizando los siguientes aspectos: a) la importancia del daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales); b) el grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño; c) la conducta de la víctima; d) grado de educación y cultura del reclamante; e) posición social y económica del reclamante, f) capacidad económica de la parte accionada; g) los posibles atenuantes a favor del responsable; h) el tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad; y, por último, i) referencias pecuniarias estimadas por el Juez. Volviendo al ejemplo: a la ciudadana “X”, se le diagnosticó: “LUMBALGIA CRÓNICA, HERNIA DISCAL”, con una pérdida de capacidad para el trabajo del 67%, daño físico que la limita no sólo en el ámbito laboral sino también en sus quehaceres cotidianos; dicha ciudadana contaba con 45 años de edad para el momento en que se estableció la discapacidad, su grado de instrucción es el de Técnico Superior y desempeñaba el cargo de Técnico de Mantenimiento, por lo que se presume un nivel socio económico medio; no se demostró que haya contribuido con su conducta al resultado dañoso. El patrono es una empresa que se dedica a la construcción, instalación, operación, administración y explotación del sistema de transporte y cuenta con la capacidad económica para sufragar los gastos relacionados con el presente juicio; asimismo, cabe destacar que no se demostró que haya incumplido con las normas de higiene y seguridad laborales, y contribuyó con la seguridad social de la trabajadora, quien percibe una pensión por discapacidad conforme a los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Seguro Social, y goza de los mismos beneficios establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo. En virtud de ello, se tasa la indemnización en… Bolívares fuertes, cantidad que se considera equitativa y justa para el caso concreto. Podrá llegar el Juez a aplicar experticia complementaria del fallo para determinar la corrección monetaria, la cual deberá ser calculada desde el decreto de ejecución, sólo en el caso de que la demandada no cumpliere voluntariamente con la sentencia, hasta su materialización, entendiéndose por esto último la oportunidad del pago efectivo, todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para lo cual el tribunal de la causa deberá en la oportunidad de la ejecución de la sentencia definitivamente firme o lo que es lo mismo de la materialización del pago efectivo, solicitar al Banco Central de Venezuela un informe sobre el índice inflacionario acaecido en el país entre dicho lapso, a fin de que este índice se aplique sobre el monto que en definitiva corresponda pagar al trabajador. Asimismo, el Juez, podrá ordenar el pago de los intereses moratorios sobre el monto condenado a pagar, sólo en el caso de incumplimiento por el patrono, los cuales deberán ser cuantificados a través de la experticia complementaria del fallo ordenada, rigiéndose la misma bajo los siguientes parámetros: a) El perito deberá servirse de la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo; c) Serán calculados a partir de la fecha del decreto de ejecución hasta la ejecución efectiva del presente fallo; y d) Para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los propios intereses, ni serán objeto de indexación. Como puede concluirse, no sólo bastará alegar por parte del trabajador el infortunio laboral, sino que deberá demostrar la culpa, negligencia, del patrono a los fines de incrementar la responsabilidad económica de éste. Si bien es cierto, la parte más fácil, para el trabador, será la de alegar el daño moral que en todo caso el Juez le acordará en base a su discrecionalidad. No quiero decir con éste comentario que el trabajador que sufre un accidente y-o enfermedad laboral siempre pretende aprovecharse de su patrono, se trata más bien, de tener claro los alcances de su reclamación y de su carga probatoria.
Dra. Ana Santander.

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