DERECHO

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7 de septiembre de 2010

PRONUNCIAMIENTO DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASO FRANKLIN BRITO:


El pasado día, dos de septiembre de dos mil diez, la ciudadana Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, anunció la asignación de un fiscal del Ministerio Público para que se encargara de la averiguación en contra de los familiares de Franklin Brito, por el delito de inducción al suicidio. En virtud de este anuncio, el Colegio de Abogados del Distrito Capital, considera que tal acción constituye un hecho sin precedente, en la historia jurídica de Venezuela, desde tiempos de la colonia española, solo comparable a la inquisición de ese momento de nuestra historia. Por ello hemos acordado pronunciarnos en contra de lo que constituye una clara criminalización del derecho a la protesta, y a la libre expresión del pensamiento, de la denuncia y convirtiendo a la víctima en victimario. La huelga de hambre es: “una forma de protesta de las personas que no tienen otras maneras de dar a conocer sus demandas” y que un ayuno real y prolongado tiene riesgo de muerte o de daños permanentes para las personas en huelga de hambre que por lo general, no desean morir; pero algunas pueden estar preparadas para hacerlo con el fin de lograr sus objetivos. Por lo antes expuesto, consideramos preocupante, y altamente peligroso lo anunciado por la ciudadana Fiscal General, y que esto podría constituir un mecanismo de persecución a las personas que ejercen su derecho a la protesta pública y pacífica. Los hechos denunciados por Brito y que dieron origen a las huelgas de hambre fueron:
1.- Discriminación. Todo comenzó en 2001 por un conflicto entre él y el Alcalde del Municipio Sucre del Estado Bolívar.
2.- Violación del derecho al trabajo. Fue despedido sin justificación de 2 organismos del Estado, también su esposa. Y le impidieron por distintos métodos la explotación de su tierra.
3.- Violación del derecho a la propiedad cuando le fue impedido el acceso a su fundo “La Iguaraya” mediante un acto del INTI.
4.- Violación de su libertad económica cuando le desconocieron su derecho al trabajo y a la propiedad.
5.- Violación del derecho al debido proceso y a la defensa.
6.- Violación al acceso a la justicia y a obtener oportuna respuesta de los reclamos que tramitó ante diversos organismos del Estado. Durante estos 6 largos años de huelgas de hambre, se produjeron además las siguientes violaciones a sus derechos humanos:
1.- Violación de la protección a la familia, la afectación fue terrible, las hijas perdieron año y medio de clases, se quedaron en la indigencia y luego de que fue recluido en el hospital militar fue peor.
2.- Violación del honor y la reputación. Brito y familia fueron descalificados ante la opinión pública por distintos voceros del Estado.
3.- Tortura psicológica. El larguísimo proceso de reclamos, huelgas y negociaciones infructuosas al que estuvo sometida la familia Brito, bien por incumplimiento por parte de diversos organismos del Estado o por resultar engañosos en la ejecución, o por la imposición de condiciones que Brito consideró inaceptables por la ausencia de legalidad y de un proceso ajustado a derecho que le restituyera legal y efectivamente la propiedad sobre su fundo, lo cual hasta la fecha, no ha sido posible, produjo en la familia inestabilidad, incertidumbre, indignación, frustración, impotencia y tristeza, que son emociones que causan un sufrimiento psicológico grave.
4.- La reclusión de Brito en el Hospital Militar comportó la violación de varios derechos humanos. La vida, la integridad física, psíquica y moral; la libertad; la salud; el derecho a la defensa; al debido proceso; de acceso a la justicia; el de obtener oportuna respuesta; expresarse libremente; de reunión; honor; vida privada; intimidad y reputación.
En virtud de lo expuesto este Colegio acuerda:
1.- Manifestar su repudio a la violación de los derechos humanos de la familia Brito.
2.- Recordar a las autoridades que la Constitución, las leyes y la política de un país deben garantizar el respeto de la dignidad de la persona humana, el equilibrio entre los Poderes Públicos, el Estado de Derecho y la Democracia.
3.- Reiterar a los venezolanos que en el gremio de abogados seguirán teniendo una voz en la defensa de sus derechos humanos.
4.- Denunciar que los hechos aquí narrados son contrarios a todo orden democrático y violentan la Constitución, colocando a la Fiscalía General de la República al margen del respeto a los derechos en Venezuela.
Yvett Lugo Urbáez, Presidenta
Antonio Paraco, Secretario
José Augusto Suárez, Vicepresidente
Carlos Prince Arellán, Tesorero
Elinor Montes Méndez, Bibliotecaria
Elenis Rodríguez, Secretaria del Tribunal
(tomado textual de Tecnoiuris)
Dra. Ana Santander.

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