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23 de febrero de 2010

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. DECRETO NRO. 5770 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2007


Es conveniente que en ésta ocasión me dirija a los profesionales en libre ejercicio, tales como abogados, odontólogos, contadores, etc. Quienes estábamos exentos del Pago y Retención del I.V.A. Pues bien. En lo adelante y a partir del 01 de Enero del 2010, por mandato de éste Decreto, deberemos comenzar a retener, declarar y pagar este impuesto. El pre-citado decreto, establecía la categoría de contribuyentes formales, (nosotros), los cuales estaban exonerados, pero que ahora pasamos a ser contribuyentes ordinarios del IVA; salvo que todas sus operaciones se encuentren exentas o exoneradas (que no es nuestro caso). Lo anterior es muy importante, pues implica mandar a elaborar los talonarios de facturas; presentar todos los meses y para siempre las correspondientes declaraciones del IVA; pagar mensualmente dicho impuesto y llevar el libro de compras y el de ventas. Y todo eso aunque la facturación sea mínima o nada se facture. Examinaré el Decreto así: CONTRIBUYENTES ORDINARIOS Y CONTRIBUYENTES FORMALES: La Ley del Impuesto al Valor Agregado define como CONTRIBUYENTES ORDINARIOS de ese impuesto a: Los importadores habituales de bienes, Los industriales, Los comerciantes, Los prestadores habituales de servicios, y, en general toda persona natural o jurídica, que como parte de su giro, objeto u ocupación, realice las actividades, negocios jurídicos u operaciones, que constituyen hechos imponibles. LOS HECHOS IMPONIBLES A LOS FINES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: La venta de bienes muebles corporales, La importación definitiva de bienes muebles, La prestación a título oneroso de servicios independientes, ejecutados o aprovechados en el país, incluyendo aquellos provenientes del exterior, El consumo de los servicios propios del objeto, giro o actividad del negocio, La venta de exportación de bienes muebles corporales, La exportación de servicios. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES: CONTRIBUYENTES ORDINARIOS: 1.-Contribuyentes especiales: Son los contribuyentes, sujetos pasivos, a los cuales el SENIAT haya calificado como especiales. 2.-Contribuyentes normales: Son los contribuyentes, sujetos pasivos, a los cuales el SENIAT NO haya calificado como especiales. CONTRIBUYENTES FORMALES: Son contribuyentes formales los sujetos que realicen exclusivamente actividades u operaciones exentas o exoneradas del impuesto. (Nosotros). OBLIGACIONES DEBEN CUMPLIR LOS CONTRIBUYENTES FORMALES: -Solo cumplen con los deberes formales que corresponden a los contribuyentes ordinarios. -No deben cobrar el IVA por las ventas que realicen y -No están obligados al pago del IVA, no siéndoles aplicable, por tanto, las normas referentes a la determinación de la obligación tributaria. SITUACION DE LOS CONTRIBUYENTES FORMALES ANTE LA LEGISLACION ACTUAL: En la reforma de la Ley del IVA, corregida en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 5.601 de fecha 30 de agosto de 2002, se eliminó el monto mínimo para tributar de TRES MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (3.000 U.T.), aplicable al año 2002, con el objeto de ampliar el universo de contribuyentes. Con esta modificación, a partir del 01 de noviembre de 2002, todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen actividades de ventas de bienes o prestación de servicios gravados por el IVA, se convertirían en contribuyentes de este impuesto. Con fecha 15 de noviembre de 2002 se publica el Decreto 2.133 que establece que se exoneran del pago del IVA, las ventas de bienes muebles o prestaciones de servicios efectuadas por los industriales, comerciantes, prestadores de servicios y demás personas que durante el año 2001 o en el año 2002, hayan realizado operaciones por un monto inferior o igual a TRES MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (3.000 U.T.). Estos contribuyentes se consideraron como contribuyentes formales en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley del IVA. El beneficio de exoneración establecido en este Decreto no tenía un plazo máximo de duración y sería aplicado hasta tanto sean dictadas las normas correspondientes al nuevo Régimen Simplificado de Tributación para Pequeños Contribuyentes. (MONOTRIBUTO). Este decreto de exoneración, estuvo vigente por un período de CINCO (5) años, es decir hasta el 15 de noviembre de 2007. A partir de esa fecha, igual que lo ocurrido antes, todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen actividades de ventas de bienes o prestación de servicios gravados por el IVA, se convertirían en contribuyentes ordinarios de este impuesto. Con fecha 27 de diciembre de 2007 se publica en la Gaceta Ordinaria nro. 38.839 de esa misma fecha el Decreto 5.770 donde se establece que se exoneran del pago del IVA, las venta de bienes muebles o prestaciones de servicios efectuadas por las empresas, comerciantes , prestadores de servicios y demás personas naturales jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica, que realicen operaciones por un monto igual o inferior al equivalente a TRES MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (3.000 U.T.) , en el año calendario inmediato anterior a la publicación de este Decreto en la Gaceta Oficial. Para el cálculo de las TRES MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (3.000 U.T.) se debían considerar todas las operaciones realizadas, incluyendo las gravadas, no sujetas, exentas y exoneradas. LA EXONERACIÓN NO PROCEDE CUANDO EL CONTRIBUYENTE REALICE PARCIAL O TOTALMENTE UNA O VARIAS DE CIERTAS ACTIVIDADES: Venta de vehículos automotores, buques o aeronaves, Venta de equipos destinados a la transmisión y recepción de datos, imagen o sonido, incluyendo sus partes y piezas, Venta de artículos de perfumería, cosméticos y de tocador, Venta de relojes y artículos de joyería. Así como su reparación y servicio técnico, Arrendamientos o construcción de inmuebles con fines distintos al residencial, Arrendamiento de bienes muebles, incluyendo la cesión de derechos sobre los mismos, Servicios de telecomunicaciones, Servicios prestados por hoteles, casas de huéspedes, campamentos y otros lugares de alojamiento, Servicios de belleza, estética y acondicionamiento físico, tales como peluquerías, barberías, gimnasios, centro de masajes corporales y servicios conexos, Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores, Servicio de lavado y pulitura de vehículos automotores, Servicio de estacionamiento de vehículos automotores, Servicios de actividades de lotería, distribución de billetes de lotería, bingos, casinos y demás juegos de envite o azar. Es decir estas personas que desarrollen las actividades mencionadas en los numerales 1 a 13, deberán incluir en sus facturas el IVA cualquiera que sea el monto de sus ingresos anuales. Y por lo tanto son contribuyentes ordinarios del IVA. NO SE APLICARÁ LA EXONERACIÓN CUANDO EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRE DENTRO DE CIERTOS SUPUESTOS: Si Califica en cualquier momento como contribuyente ordinario del IVA, incluso en los casos en que haya perdido la exoneración en los términos previstos en el Artículo de este Decreto, Si Refleja en sus cuentas bancarias, créditos iguales o superiores al equivalente a TRES MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (3.000 U.T.) en el año calendario, salvo que pueda comprobar que el excedente es producto de la venta de bienes de uso particular no vinculados con su actividad económica, Si no efectúa cotizaciones correspondientes a la seguridad social de sus empleados, Si vende bienes o presta servicios, distintos al suministro de comida o bebida, a entes públicos o personas jurídicas que haya sido calificadas como sujetos pasivos especiales, designados como agentes de retención o percepción del IVA. Estas personas dejan de ser contribuyentes formales y pasan a ser contribuyentes ordinarios, por lo tanto deben incluir en sus facturas el IVA correspondiente. SON CONTRIBUYENTES FORMALES ENTONCES: Aquellos contribuyentes que tengan ingresos menores a TRES MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (3.000 U.T.) y que realicen actividades sujetas al impuesto pero no estén contenidas en los trece numerales mencionados anteriormente. Aquellos contribuyentes que tengan ingresos menores a TRES MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (3.000 U.T.) y que realicen actividades sujetas al impuesto que no incumplan con los deberes formales. Aquellos contribuyentes que tengan ingresos menores a TRES MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (3.000 U.T.) y que realicen actividades sujetas al impuesto que no reflejen en sus cuentas bancarias depósitos por un monto superior a 3.000 U.T. Aquellos contribuyentes que tengan ingresos menores a TRES MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (3.000 U.T.) y que realicen actividades sujetas al impuesto que no realicen ventas o presten servicios a entes públicos o a contribuyentes especiales. Aquellos contribuyentes que tengan ingresos menores a TRES MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (3.000 U.T.) y que realicen actividades sujetas al impuesto que hagan las cotizaciones a la seguridad social. Aquellos contribuyentes que realicen exclusivamente actividades exentas o exoneradas del IVA. Todo ello, salvo cuando el contribuyente en cualquier momento comience a tener ingresos superiores a TRES MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (3.000 U.T.). También el Decreto aclara que las personas o entidades que al momento de entrada en vigencia de este decreto califiquen como contribuyentes ordinarios del IVA, no disfrutará de esta exoneración aun cuando en años posteriores realice operaciones por un monto inferior o igual a TRES MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (3.000 U.T.). LOS BENEFICIADOS DE ESTA EXONERACIÓN SON CONTRIBUYENTES FORMALES Y DEBEN CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FORMALES, TALES COMO: Emitir facturas colocando en las mismas la mención que es CONTRIBUYENTE FORMAL. Llevar Libros de Ventas y de Compras. Presentar declaraciones trimestralmente (si los ingresos superan las UN MIL QUINIENTAS UNIDADES TRIBUTARIAS) o semestralmente (si los ingresos no superan las UN MIL QUINIENTAS UNIDADES TRIBUTARIAS. Contribuyentes formales que en cualquier momento luego de la entrada en vigencia de este Decreto supere la cantidad mínima de TRES MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (3.000 U.T.) pasarán a ser contribuyentes ordinarios a partir del primero (1ero) de enero del año inmediatamente siguiente. No gozarán de esta exoneración los contribuyentes que no cumplan con los deberes formales, es decir, a quienes el SENIAT imponga sanción, por el incumplimiento de los deberes a que estén obligados conforme a la normativa que rige para los CONTRIBUYENTES FORMALES, siempre que se trate de los siguientes supuestos: No emitir o entregar facturas u otros documentos, No llevar libros o registros especiales, No presentar las declaraciones. Este decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, es decir, las operaciones que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2009. LOS BENEFICIARIOS DE ESTA EXONERACIÓN PASARÁN A PARTIR DEL PRIMERO (1ERO) DE ENERO DE 2010 A SER CONTRIBUYENTES ORDINARIOS CUALQUIERA SEA EL MONTO DE SUS OPERACIONES. Los únicos contribuyentes que quedarían como formales serían los que exclusivamente realicen actividades exentas o exoneradas, esto es los que sus operaciones se encuentren exentas o exoneradas conforme a lo dispuesto en la Ley que establece el IVA o en otros decretos de exoneración, según corresponda. PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES NO SUJETAS: Bancos, Institutos de Crédito o empresas regidas por la Ley General de Bancos, Las Sociedades de Seguros, las Sociedades de Reaseguros, los Corredores de Seguros, los Agentes de Seguros, las Sociedades de Corretaje, los Ajustadores, Las Sociedades Cooperativas, Las Bolsas de Valores. CONCLUSION: Cualquier persona que venda bienes o preste servicios, cualquiera que sea el monto de sus ingresos anuales, a partir del 01 de enero de 2010, deberá cumplir con todas las obligaciones que establece la Ley del IVA para los contribuyentes ordinarios, es decir, deben emitir facturas autorizadas donde se detalle, por separado, el IVA correspondiente, llevar los libros de compras y ventas y presentar las declaraciones dentro de los primeros quince días de cada mes. Algunas de las personas que se convierten en contribuyentes son los siguientes: buhoneros, plomeros, electricistas, pintores, pequeños comerciantes, industriales y prestadores de servicios. El sistema tributario venezolano establece la entrada en vigencia del RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACIÓN PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (RST) (MONOTRIBUTO), el cual permite sustituir las obligaciones establecidas para el Impuesto sobre la Renta y el IVA, para aquellos pequeños contribuyentes que opten por inscribirse en este Régimen. Sin embargo, mientras no se apruebe este RST, estos pequeños contribuyentes quedan totalmente desprotegidos ante el Fisco Nacional. La mayoría de estos pequeños contribuyentes no están preparados para cumplir con estas obligaciones y, por lo tanto, al no cumplirlas pueden ser sancionados con el Código Orgánico Tributario que establece multas muy elevadas. Por todo lo antes expuesto se debe: Aprobar el Régimen Simplificado de Tributación para Pequeños Contribuyentes (RST), para que los pequeños contribuyentes, si así lo decidan, tengan la oportunidad de inscribirse en este Régimen.
Dra. Ana Santander

12 de febrero de 2010

ANALISIS DEL CASO DE RCTV INTERNACIONAL:


Comenzaré este estudio por la parte Legal así:
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, (CONATEL), a la que corresponde calificar a los prestadores del servicio de producción audiovisual como nacionales o no, dictó Providencia Administrativa, reiterando la calificación de RCTV como prestador del servicio de producción nacional audiovisual y en consecuencia el deber de ponerse al día ante ese, de conformidad con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la Norma Técnica sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual.
La decisión de CONATEL se produce por la petición formulada por RCTV, el 8 de febrero de 2010, en el sentido que se revisara la calificación de productor nacional audiovisual que le fue notificada en fecha 21 de enero de 2010, mediante la cual quedaba sujeta al cumplimiento inmediato de las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y demás normas técnicas que la complementan.
Al decir de CONATEL, RCTV se subsume en la definición de Servicio de Producción Nacional Audiovisual, a tenor de lo establecido en el artículo 3 de la Norma Técnica sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual, por tener una programación difundida en los últimos cuatro meses, en un 94 % de programas, publicidad y propaganda de producción nacional.
Decisión de CONATEL: “Se verificó que RCTV pretende la revocatoria de la calificación como servicio de producción nacional audiovisual, sin atribuir vicio de nulidad alguno a dicho acto, pues sólo se limitaron a reproducir algunos de los argumentos expresados en CONATEL en fecha 13 de enero de 2010, pretendiendo que esta Comisión se pronuncie nuevamente sobre un acto administrativo que ya ha resuelto, lo cual resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en los criterios jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia”
Por otra parte, la Norma Técnica que rige la Producción Nacional Audiovisual, sirve para determinar si una televisora que no es abierta, sino que produce contenidos y sale por televisión por suscripción, es o no calificada de productor nacional, en el último de los casos debe acogerse a la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, popularmente conocida como Ley Resorte.
En palabras de Diosdado Cabello: “Si una empresa que sale por cable y 70% o más de su producción no es foránea, tiene que regirse por la Ley de Responsabilidad Social, debe darle cumplimiento a todo lo establecido por la Ley, como es el tema de la responsabilidad que tiene cada productor, del cumplimiento de las cadenas, de la publicidad, de una serie de medidas que tienen que cumplir. Esto sobre todo fortalece la capacidad que tienen las instituciones de poner control. Las cable-operadoras deben tomar las medidas pertinentes de manera que se cumpla la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, es responsabilidad inmediata de la cablera, bajo la supervisión de CONATEL”.
Ahora bien, el artículo 3 de la Norma Técnica que rige la Producción Nacional Audiovisual, establece: “Se consideran como Servicios de Producción Nacional Audiovisual aquellos canales cuya recepción y/o difusión de imágenes y sonido ocurran dentro del Territorio de la República Bolivariana de Venezuela y se difundan sólo a través de una red de prestador de servicio de difusión por suscripción habilitado por La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con excepción de al menos uno de los siguientes supuestos:
Primero: Que el canal contenga en su programación semanal más del 70% de programas, publicidad o propaganda que en su conjunto no califiquen como Producción Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo dos de la presente norma técnica.
El capítulo dos, numeral 17, dice: Programas de Producción Nacional: tipo de programa difundido por prestadores de servicio de radio y televisión en cuya creación, dirección, producción y postproducción se evidencia la presencia de alguno de los siguientes elementos: A.-Capital venezolano. B.-Locaciones venezolanas. C.-Guiones venezolanos. D. Autores o autoras venezolanas. E.-Directores o directoras venezolanos. F.-Personal artístico venezolano. G.-Personal técnico venezolano. H.-Valores de la cultura venezolana de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la LRSRTV.
Vigencia de la Norma Técnica que rige la Producción Nacional Audiovisual: desde el 23 de diciembre 2009, a partir de allí, los productores disponen de 15 días hábiles para consignar ante CONATEL documentación que demuestre cualidad o no de productor nacional. Si no lo hacen opera la presunción de que el operador es un Productor Nacional Audiovisual y debe regirse por la LRSRTV. Si lo hacen, CONATEL tiene 15 días hábiles para calificarlo como PNA o no, si lo califica como PNA debe inscribirlo en el registro y ese productor está sujeto a la LRSRTV.
Como puede observarse, a nivel legal, está completamente ajustada la medida tomada por el Gobierno para con RCTV, sin embargo, cabe preguntarse ¿estas Leyes han sido dictadas de manera acomodaticia por el Estado Venezolano, a fin de limitar el campo de acción y comunicación de aquellos medios audiovisuales que no son afines a las políticas gubernamentales? Dejo a la consideración de Uds., la respuesta.
Dra. Ana Santander.

10 de febrero de 2010

DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO NACIONAL Y SUS INSTALACIONES Y BIENES ASOCIADOS:


Por un lapso de sesenta (60) días, prorrogables, el Ejecutivo decretó: (copiado textualmente de la gaceta):
Artículo 1.- Se declara el estado de emergencia sobre la prestación del servicio eléctrico nacional y sus instalaciones y bienes asociados, por un lapso de sesenta (60) días, prorrogables, en virtud de lo cual se autoriza al Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, para dictar por vía de excepción las medidas especialísimas que estime pertinentes, a fin de garantizar a la población el suministro de energía eléctrica.
Artículo 2.- Se instruye a los Ministros del Poder Popular para la Energía Eléctrica y para la Planificación y Finanzas, diseñar y ejecutar las medidas necesarias y urgentes, para que los entes privados y los públicos de la administración central y descentralizada, paguen las deudas que mantienen con las empresas eléctricas del Estado.
Artículo 3.- Se instruye a la Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC) y sus empresas filiales a acelerar los cronogramas de ejecución de las obras atinentes a la ampliación e inversiones en la infraestructura para la prestación del servicio eléctrico, así como a adoptar todas las medidas técnicas y económicas necesarias para conservar la continuidad del servicio, entre ellas, podrán acordar previo acto motivado, contrataciones por adjudicación directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, en concordancia con lo previsto en el Reglamento de Ley de Contrataciones Públicas.
Artículo 4.- La Corporación Eléctrica Nacional, S.A., (CORPOELEC), bajo la autorización del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, podrá celebrar acuerdos con proveedores independientes nacionales o extranjeros para la compra de energía eléctrica, exclusivamente para la atención de la demanda nacional.
Artículo 5.- Se instruye a los Ministros del Poder Popular para la Educación, la Educación Superior, la Comunicación e Información y la Energía Eléctrica a elaborar un programa educativo dirigidos a los niveles de educación media y superior, así como el diseño de una campaña de difusión nacional que instruya a la población acerca del uso eficiente de la energía y el ahorro del electricidad.
Artículo 6.- Se insta a las autoridades administrativas, de seguridad, policiales, judiciales y de apoyo judicial, así como a las autoridades estadales y municipales para que presten el apoyo necesario en la disminución de las conexiones no autorizadas a las redes de energía eléctrica y propiciar la regularización del servicio a aquéllos usuarios conectados a las redes sin contrato con la distribuidora de energía eléctrica.
Artículo 7.- Se instruye al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica a la formación de un Registro Nacional de Auto-generadores con el objeto de levantar información de la capacidad instalada de autoabastecimiento de energía eléctrica.
Artículo 8.- El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica queda encargado de la ejecución del presente Decreto.
Artículo 9.- Este Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los ocho (8) días del mes de febrero de dos mil diez (2010). Años 199º de la Independencia, 150º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana
Dra. Ana Santander.

1 de febrero de 2010

LEY DE PREVENTAS DE VIVIENDA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN O AUN NO CONSTRUIDAS


La Asamblea Nacional decretó la siguiente Ley en Enero del 2010.
Me pareció oportuno transcribir alguno de sus artículos de gran interés para todas aquellas compañías dedicadas al ramo de la construcción:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
OBJETO DE LA LEY
Artículo 1. Esta ley establece y desarrolla un conjunto de normas dirigidas a regular la preventa, venta o enajenación de bienes inmuebles destinados a viviendas en proceso de construcción o aun no construidas. Todo convenio entre particulares cualquiera sea su denominación contractual que tenga por objeto la venta de una vivienda aún no construida o en proceso de construcción se regirá por la presente ley.
INICIO DE LA PREVENTA
Articulo 2. La preventa, venta o enajenación de bienes inmuebles destinados a viviendas en proceso de construcción o aun no construidas no podrá iniciarse sin haberse obtenido toda la permisología exigida por los organismos competentes, en materia de desarrollo urbano, sean nacionales, regionales o municipales.
NOTIFICACIÓN SOBRE EL INICIO DE LA PREVENTA
Artículo 3. La preventa, venta o enajenación de bienes inmuebles destinados a viviendas en proceso de construcción o aun no construidas, deberá ser notificada al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
EXENCION DEL PAGO DE REGISTROS
Articulo 4. Quedan exentos del pago de derechos de registros y cualesquiera otros emolumentos, aranceles, habilitaciones, tasas o contribuciones previstos en la Ley de Registros Públicos y del notariado, la inscripción y anotación de los actos o negocios jurídicos relativos a la protocolización u otorgamiento de los documentos de prestamos y/o créditos reestructurados, constitución y liberación de hipoteca sobre vivienda principal. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, velará porque los notarios públicos y los registradores subalternos den estricto cumplimiento a las disposiciones de este artículo.
CAPITULO II
DE LOS CONTRATOS DE PREVENTA
DE LOS REQUISITOS
Articulo 5. Los contratos o documentos equivalentes regulados por esta ley que celebren las personas naturales o jurídicas deberán atender los requisitos siguientes:
1. El precio de venta al público de la viviendas en proceso de construcción o aun no construidas en preventa.
2. Se establecerá en el contrato el mes y año de culminación de la obra, independientemente de las eventuales prórrogas que puedan acordarse por escrito entre las partes. En ningún caso la culminación de la obra podrá excederse de los veinticuatro meses cumplidos, contados a partir de la firma del contrato de preventa o contrato equivalente.
3. La constancia de pago que reciba el usuario deberá detallar, el concepto, fórmula y base de cálculo de cada monto pagado o que deba pagar como parte del precio de la preventa.
4. Deberá establecer los requisitos exigidos por el ente financista para otorgar el crédito al comprador, así como el lapso máximo de la respuesta a la solicitud del crédito de este último.
5. El contrato que tenga por objeto la preventa de vivienda en construcción o por construir deberá establecer el plazo máximo de protocolización del documento definitivo de venta.
PROHIBICIÓN DE CARGOS Y PAGOS ADICIONALES
Artículo 6. En los contratos o documentos equivalentes regulados por esta ley no podrá exigirse al comprador el pago de cargos adicionales asociados o relacionados al proyecto inmobiliario.
PROHIBICIÓN DE PAGOS ADICIONALES POR MOTIVO FÚTILES
Artículo 7. En los contratos o documentos equivalentes regulados por esta ley no podrá exigirse al comprador el pago de cargos adicionales por motivos fútiles.
DE LA FECHA DE CULMINACIÓN
Articulo 8. En los contratos de vivienda celebrado con anterioridad a la vigencia de esta ley que no hubiere la fecha de culminación de la obra y de protocolización del documento de venta, obliga a los productores acordar de mutuo acuerdo con los compradores dichas fechas. Sin el concierto de los compradores será nula cualquier fecha escogida unilateralmente por parte de los productores.
DETERMINACIÓN DE LAS FECHAS A PETICIÓN DE PARTE O DE OFICIO
Artículo 9. En el supuesto que el productor de vivienda no establezca las fechas de culminación de la obra y de protocolización del documento de venta, lo hará a petición de cualquiera de las partes contratantes, o de oficio, el Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y de Vivienda, tomando en consideración las variables razonables del caso particular.
DE LAS RESCISIONES
Articulo 10. No se permite ni es válido que los productores de viviendas, ofrecidas y contratadas en preventa, decidan rescindir los contratos unilateralmente, cualquier estipulación en contrario es nula. Con excepción que se produzca el siguiente incumplimiento por parte del futuro comprador: La falta de pago o entrega por más de noventa días de cualquiera de las cuotas previstas en el contrato.
DE LA RESCISIÓN DEL COMPRADOR
Articulo 11. En el supuesto que el comprador en preventa de viviendas en proceso de construcción o aun no construidas, decida unilateralmente dar por terminado el contrato por causas no imputables al productor de viviendas, deberá notificarlo por escrito a éste.
DEL REINTEGRO POR RESCISIÓN
Articulo 12. El productor de vivienda deberá reintegrar al comprador la totalidad del o los montos dados en pago, dentro del plazo de quince días continuos, contados a partir de la fecha de notificación dada por escrito. Ninguna otra cláusula penal podrá establecerse en contravención a lo aquí establecido.
DE LOS APORTES O ABONOS
Artículo 13. Los aportes o abonos al saldo del precio de la preventa hechos por el comprador, no podrán ser destinados por el productor de viviendas a inversiones o pagos de obligaciones distintas a la culminación de la obra contratada.
DE LAS PROHIBICIONES
Articulo 14. El productor de vivienda no podrá reservarse, posterior a la culminación de la obra, la administración de los bienes o gastos comunes de las viviendas ofertadas.
DE LA PROTOCOLIZACIÓN
Articulo 15. El comprador cargará con los intereses bancarios que afecten el monto del saldo deudor del precio de inmueble, si por hechos imputables a él se retarda la protocolización del documento de venta.
CAPITULO III
BASE DE CÁLCULO
DE LA BASE DE CÁLCULO
Artículo 16. El precio de preventa y venta al público de las viviendas en proceso de construcción o aun no construidas será calculado con base a la sumatoria de los siguientes valores y costos:
1. Valor actual del terreno sobre el cual se edificará la obra.
2. Costo total de la obra incluyéndose tanto los insumas como las erogaciones por mano de obra, mercadeo, impuesto, tasas y contribuciones.
3. Costos financieros de los préstamos que reciba el productor de vivienda para hacer la construcción.
4. Utilidad legítima del productor de las viviendas por su actividad empresarial.
SOBRE LA MORA O RETARDO DE LA CONSTRUCCIÓN Artículo 17. En ningún caso el comprador de la viviendas en proceso de construcción o aun no construidas en la Preventa, soportará el impacto económico derivado del retraso o la mora en la culminación o entrega de la obra.
CAPITULO IV
DE LAS DENUNCIAS
DE LAS DENUNCIAS
Articulo 18. Los compradores podrán acudir ante los organismos competentes en materia de defensa a las personas en el acceso a los bienes y servicios, a denunciar la vulneración de sus derechos, sin menoscabo de la competencia que conforme a lo dispuesto en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, que ostenta el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, de supervisar a los productores de vivienda y hábitat en su condición de sujetos del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat y aplicar las sanciones correspondientes, previa sustanciación del respectivo procedimiento administrativo.
DE LA COMPETENCIA DE LAS DENUNCIAS
Artículo 19. Los compradores podrán acudir sin perjuicio de las competencias que correspondan al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, al Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda a denunciar todo lo que tenga que ver con la violación de la presente ley, pudiendo, de considerarlo necesario, solicitar la intervención de las construcciones y obras.
DE LAS ACTUACIONES DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES
Artículo 20. Los organismos competentes en caso de interrupción de la obra contratada en preventa por incapacidad gerencial, técnica o financiera, del productor de vivienda, para preservar los intereses de los compradores y del ente financista, podrán declarar intervenida la obra y ocupar su administración, desarrollo y culminación. Designarán de común acuerdo a los funcionarios encargados de su culminación, quienes no podrán ser sustituidos por depositarios ni funcionarios judiciales en los procesos de atrasos, quiebras, embargos preventivos o ejecutivos, ni ejecución de hipotecas.
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS
Artículo 21. Cuando los casos a que se refiere el artículo anterior, hagan presumir dolo, culpa civil, penal o desviación de los fondos aportados para la obra por el ente financista y por los compradores, los funcionarios correspondientes deberán remitir los recaudos al Ministerio Público a los fines de la determinación de los delitos, autores y responsabilidades.
CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 22. La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela..."
Dra. Ana Ines Santander Ortiz.

28 de enero de 2010

BLINDAJE PATRIMONIAL Y VELO CORPORATIVO:


Es legítimo que el deudor proteja sus bienes de forma preventiva. El Derecho Venezolano vigente consagra instituciones como: el "patrimonio separado" y la "constitución de hogar”, que convierten los bienes en inembargables o inejecutables, esto es, fuera del poder de coacción del acreedor. En igual sentido existe el "fideicomiso" para proteger los haberes en cuentas bancarias. Respecto a los bienes muebles en general (joyas, obras de arte, u otros) procede también el blindaje patrimonial. Haciendo uso de esta técnica jurídica se pagan las deudas, pero bajo los requerimientos planteados por el deudor y no bajo las pretensiones del acreedor. Sin embargo, somos seguidores de la doctrina que indica que las obligaciones deben cumplirse tal y como fueron contraídas. Al "blindarse patrimonialmente", el deudor adquiere la potestad de hacer valer términos de pago favorables a su persona. No aceptará que el refinanciamiento de la deuda incluya el pago de intereses a la tasa bancaria. Si el acreedor no es un banco o instituto de crédito, no podrá cobrar intereses superiores al 1% mensual o el 3% anual, según el caso. El deudor no pagará honorarios de los abogados del acreedor, ni gastos por cobranzas. Podrá pedir que le otorguen "plazo de gracia convencional" y pagar en partes o cómodas cuotas. Ahora bien, el "blindaje patrimonial" aplica para las acreencias sin garantías derivadas de la aceptación de letras de cambio, facturas, cheques o pagarés; no procede en créditos con hipoteca o prenda. Observaciones: Como contraposición a lo antes expuesto, en la legislación patria se prevén figuras en protección a los intereses del acreedor. Tales como: 1.-El Fraude que se configura entre otros, cuando el Deudor practica actos de disposición patrimonial siendo insolvente o ante la inminencia de serlo. 2.- El Abuso del Derecho que puede ser verificado siempre que el deudor exorbite su Derecho, arrojando tal conducta un perjuicio a tercero. 3.-El Abuso de la Personalidad Jurídica (establecido vía doctrinaria), a través de uso de Sociedades Mercantiles, que tiene lugar cuando el ente con personería jurídica, es utilizado para burlar la ley, para quebrantar obligaciones, para conseguir fines ilícitos y, en general para defraudar. Debe tenerse en cuenta que las personas jurídicas no fueron concebidas como un medio legal para violar la Ley. Más bien su creación apunta y busca fomentar el desarrollo económico y comercial, producción y satisfacción de necesidades, bienes y servicios, entre otros. Así, quienes somos Abogados en ejercicio, nos encontramos, en ocasiones, frente a tácticas defraudatorias maquinadas y ejecutadas por los socios de la sociedad mercantil. Y todo ello viene dado porque la responsabilidad de los socios, queda reducida al límite de las aportaciones a que se hubieren obligado, al constituirse la sociedad, al capital social de la misma, ello da lugar a que el socio o los socios, abusen del blindaje que les proporciona la ley para cometer actos jurídicos ilícitos, utilizando como pantalla a la propia sociedad que goza de autonomía patrimonial, de personalidad jurídica independiente, para burlar los acreedores. Es decir, los socios podrían utilizar la sociedad, como un instrumento del que sólo se aprovechen de los beneficios y se libren de los riesgos. Del Velo Corporativo: Así pues, si la estructura formal de la persona jurídica se utiliza de una manera abusiva, el Juez puede descartarla para que fracase el resultado contrario a derecho que se persigue, por lo cual ha de romper con el hermetismo que la caracteriza, esto es, con la radical separación entre la persona jurídica y sus miembros componentes. En otras palabras, las autoridades judiciales podrán levantar el velo corporativo de las personas jurídicas cuando fuere necesario determinar el verdadero beneficiario de las actividades adelantadas por ésta, ya que la doctrina in comento (corrimiento del velo societario), en otras palabras, pretende buscar una solución a una trampa creada por el Derecho mismo. Se recomienda consultar el libro "La personalidad jurídica de la sociedad irregular. Con especial referencia al levantamiento del velo corporativo". Dr. Alois Castillo Contreras 
Dra. Ana Ines Santander Ortiz

25 de enero de 2010

EXPROPIACION EN LA NUEVA LEY, SUS ETAPAS


La Expropiación como institución de derecho público, constituye la única excepción al Derecho de Propiedad, al cual nuestra carta magna le otorga el carácter de Derecho Humano Fundamental, ratificando así los tratados internacionales suscritos por Venezuela en materia de derechos humanos.
El Procedimiento Expropiatorio establecido en la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social, comprende 3 fases: la fase administrativa, la fase amigable y el juicio expropiatorio.
LA FASE ADMINISTRATIVA: comprende dos etapas.
La Primera Etapa “Declaratoria de Utilidad Pública”, en la cual la Asamblea Nacional, los Consejos Legislativos de los Estados o los Concejos Municipales, declaran que una obra es de utilidad pública, a los efectos de que sean expropiados los inmuebles necesarios para su desarrollo. Se exceptúan de esta formalidad de la declaratoria previa de utilidad pública las construcciones de ferrocarriles, subterráneos, caminos, edificaciones educativas o deportivas, entre otras señaladas por el mismo instrumento legal. A modo de Ejemplo, señalo: La declaratoria de utilidad pública de las viviendas multifamiliares donde habitan familias que tengan más de 10 años en condición de arrendatarios, propiedad de una sola persona natural o jurídica, para el cumplimiento del Proyecto de “Dotación de Viviendas para las Familias que habitan en el Área Metropolitana de Caracas. La Segunda Etapa “Decreto de Expropiación”, que es el acto administrativo dictado por el órgano del poder ejecutivo; facultad que en el orden nacional, le corresponde al Presidente de la República, en el orden estadal al Gobernador, y en los municipios a los Alcaldes. La ley solo se refiere a que si para la ejecución de una obra, que ha sido declarada de utilidad pública, se requiere la adquisición forzosa de la totalidad de un bien o varios bienes, o de parte de los mismos, pues procederá el decreto. A modo de Ejemplo, señalo: Se ha decretado la adquisición forzosa a Edificios desocupados de vieja data o en proceso de remodelación para ser transformados al régimen de propiedad horizontal para su posterior venta o a Edificios de vieja data ocupados actualmente por inquilinos, para la posterior reventa a los mencionados ocupantes o a Apartamentos nuevos en fase de venta en propiedad horizontal, (caso de las preventas).
LA FASE AMIGABLE: Consiste en un arreglo amigable que implica la adquisición del inmueble por la vía administrativa y de mutuo acuerdo entre las partes. En caso de que haya arreglo se hace una compraventa convencional. Las partes involucradas, (Estado y particular), pueden llegar a un acuerdo sobre la justa indemnización que el expropiado va a recibir. Esta fase, es de naturaleza administrativa y el arreglo, es un contrato administrativo destinado a la fijación del monto de la indemnización, cuya base es un convenimiento. (definición de la Sala). El carácter administrativo del arreglo, del caracter administrativo al que me refiero, dependerá la posibilidad de ejercer o no en conttra de los mismos los Recursos por ante el Tribunal Supremo de Justicia, por no tratarse de una sentencia judicial. La Autoridad Pública y el administrado, quienes evitan el tener que acudir al juicio, o segunda fase del procedimiento expropiatorio, quedando pendiente únicamente la fase del justiprecio, la entrega del inmueble y el pago de la justa indemnización, ello con la designación de los expertos que han de integrar la Comisión de Avalúos encargada de valorar el inmueble propiedad del expropiado. Cito textualmente, el Artículo 22. De la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social: “El ente expropiante, una vez publicado el decreto de expropiación, procederá a iniciar el trámite de adquisición del bien afectado por vía del arreglo amigable y, a tales efectos, lo hará valorar por peritos designados de conformidad con el artículo 19 de esta Ley, los cuales deberán cumplir con los requisitos del artículo 20 ejusdem. A los fines de la notificación a los propietarios, poseedores y, en general, a todo el que tenga algún derecho sobre el bien afectado, ésta se hará mediante la publicación de un aviso de prensa, publicado por una sola vez, en un diario de los de mayor circulación nacional y en alguno de la localidad donde se encuentre el bien, si lo hubiere, para que dentro de los treinta (30) días continuos siguientes contados a partir de su publicación, concurran ante la entidad expropiante. El justiprecio del bien a expropiar será notificado por escrito a los propietarios o sus representantes legales, quienes deberán manifestar en el acto de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes por escrito, si aceptan o no la tasación practicada. En caso de no concurrir ningún interesado o de no aceptación, por alguna de las partes del justiprecio practicado, se dará por agotado el arreglo amigable y el ente expropiante podrá acudir a la vía judicial para solicitar la expropiación del bien afectado”. Conforme a la norma transcrita, las partes deben agotar la fase administrativa del proceso expropiatorio relativo al arreglo amigable. En caso de no llegar a un acuerdo, los órganos de la Administración Pública involucrados en la ejecución de la expropiación podrán iniciar la etapa judicial de dicho proceso.
EL JUICIO DE EXPROPIACION: Lo ejerce la Administración Pública una vez agotado el arreglo amigable, sin resultados positivos. Cito textualmente los artículos pertinentes que se explican por si mismos, así: Artículo 23.El Juez de Primera Instancia en lo Civil de la jurisdicción de la ubicación del bien, conocerá de los juicios de expropiación; y de las apelaciones y recursos contra sus decisiones conocerá, en segunda instancia, el Tribunal Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa. Cuando la República sea quien solicite la expropiación, el juicio se intentará directamente ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y de las apelaciones y recursos contra sus decisiones conocerá, en segunda instancia, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa. Requisitos de la solicitud de expropiación Artículo 24. La solicitud de expropiación indicará el bien objeto de ella y los elementos que contribuyan a su identificación. También indicará el nombre y apellido del propietario o propietarios, poseedores o arrendatarios, si fueren conocidos Artículo 25. La autoridad judicial, ante quien se introduzca la solicitud de expropiación dentro del tercer día de su presentación, pedirá a la Oficina de Registro respectiva, cuando no hubieren sido acompañados a la solicitud, todos los datos concernientes a la propiedad y los gravámenes relativos al bien que se pretende expropiar, los cuales deberán ser remitidos a la brevedad posible. Artículo 26.La autoridad judicial que conozca de la solicitud de expropiación, conforme a los datos suministrados por la Oficina de Registro respectiva, deberá dentro de los tres (3) días de despacho siguiente a su recepción, ordenar la publicación del edicto en el cual se emplazará a los presuntos propietarios, poseedores, arrendatarios, acreedores y, en general, a todo el que tenga algún derecho sobre el bien que se pretenda expropiar. Artículo 27.Las personas emplazadas, conforme al artículo 26 de esta Ley, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la última publicación, comparecerán al tribunal Acto de contestación a la solicitud Artículo 28. La contestación a la solicitud de expropiación se verificará en el tercer (3°) día de despacho siguiente al vencimiento del lapso fijado en el artículo 27 de esta Ley Oposición a la solicitud Artículo 29. En caso de formularse oposición a la solicitud de expropiación, se abrirá un lapso de quince (15) días de despacho para promover y evacuar las pruebas que fueren pertinentes. Fundamentos a la oposición de la solicitud Artículo 30. La oposición a la solicitud de expropiación podrá fundarse en violación de las disposiciones contenidas en esta Ley, o en que la expropiación deba ser total, ya que la parcial inutilizaría el bien o lo haría impropio para el uso a que está destinado.Para hacer oposición, es necesario que quien la intente aduzca la prueba de su derecho al bien sobre el cual versa la expropiación. En consecuencia, sin este requisito no podrá hacerse uso de ninguna defensa. Podrá hacer oposición el propietario del bien o cualquiera otra persona que tuviere un derecho real sobre el mismo. Derechos del poseedor Artículo 31. El poseedor tiene derecho a hacerse parte en el juicio de expropiación a fin de solicitar del precio del bien expropiado, la cuota que le corresponda por el valor de sus mejoras y por los perjuicios que se le causen. Relación, informes y sentencia Artículo 32. El día de despacho siguiente al vencimiento del lapso probatorio, el Juez fijará el inicio de la relación de la causa, la cual no deberá exceder de sesenta (60) días continuos. El mismo día en que termine la relación, el tribunal fijará el segundo día de despacho siguiente para la presentación de los informes de las partes. La sentencia se dictará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de los informes Declarada por la autoridad judicial la necesidad de adquirir el todo o parte de la propiedad o algún otro derecho, según lo alegado, probado en autos y firme la decisión, se señalará día y hora para que las partes concurran a fin de lograr un avenimiento sobre el precio del bien objeto de la expropiación, tomando como base el valor establecido por la Comisión de Avalúos designada, conforme a lo dispuesto por el artículo 19 de esta Ley.
ACOTACIONES: la Nueva ley otorga al Ejecutivo mayor facilidad para expropiar y ocupar bienes y servicios que considere de “utilidad pública”, amplía las categorías de establecimientos susceptibles de ser expropiados, al punto que establece que el Ejecutivo puede iniciar el procedimiento expropiatorio cuando se hayan cometido ilícitos económicos y administrativos. Tales ilícitos comprende el remarcaje de precios, acaparamiento, precio superior al fijado por el gobierno, etc. Además la Ley faculta al Ejecutivo para adoptar la medida de ocupación, operatividad temporal e incautación mientras dure el procedimiento expropiatorio. La acción del Estado se amplía así a "todo tipo de bienes y servicios relacionados con las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización". Además, se eliminó el requisito de que la Asamblea Nacional apruebe la declaratoria de utilidad pública, por lo que podrá determinarlo directamente el Ejecutivo. Dejo a Uds. Sus propias conclusiones, de las ventajas y desventajas de este nuevo procedimiento expropiatorio.
Dra. Ana Ines Santander Ortiz.