DERECHO

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23 de noviembre de 2011

INQUISICION DE PATERNIDAD O MATERNIDAD CONTRA HEREDEROS DEL DIFUNTO NO PRESCRIBE:



En Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, por ende, vinculante y de aplicación obligatoria para los Tribunales de la República, de fecha: 1 de Julio  del 2011, se estableció la imprescriptibilidad de la Acción de Inquisición de Paternidad contra los herederos del difunto. Resumiremos de seguidas, a nuestro modo didáctico, los argumentos que sirvieron de base a tal fallo, de la siguiente manera: BASAMENTO LEGAL: El Artículo 228 del C. C., señala: “Las acciones de Inquisición de la paternidad y la maternidad son imprescriptibles frente al padre y a la madre, pero la acción contra los herederos del padre o de la madre no podrá intentarse sino dentro de los 5 años siguientes a su muerte”. Este Artículo limita la acción a un plazo de caducidad de 5 años para intentar la misma, en contra de los Herederos. En otras palabras, imprescriptible la acción de inquisición de paternidad cuando ésta es ejercida contra el pretendido padre o madre, pero, somete dicha acción a un plazo de caducidad cuando se trata de interponerla contra los herederos del presunto padre o madre. El Artículo 56 de la C.R.B.V., establece: “Toda persona tiene Derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad. Todas las personas tienen derecho a ser inscritas gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la Ley. Estos no contendrán mención alguna que califique la filiación.” Este Artículo le permite a toda persona tener derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre y a conocer la identidad de los mismos, sin limite en el tiempo para que los interesados investiguen su maternidad o su paternidad. El Artículo 78 de la C.R.B.V., establece: “Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos y estarán protegidos por la legislación, órgano y tribunales especializados, los cuales respetaran, garantizarán y desarrollaran los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la Republica. Es Estado, las familias y la sociedad aseguraran, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integran de las niñas, niños y adolescentes”. Este Artículo establece entre otras cosas el Interés Superior del niño o adolescente en las decisiones que les concierne. Este Interés Superior es el mismo recogido en el Artículo 8 de la LOPNA. Ante esta situación, es evidente que se encuentra en contraposición dos Normas vigentes, el Artículo 228 del C.C. y 56 de la C.R.B.V., el primero limitado a 5 años la acción propuesta y el segundo sin precisar limite en el tiempo al derecho que tiene la persona para indagar e investigar su verdadera paternidad. DESAPLICACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA POR CONTROL DIFUSO: En consecuencia, por ser el Artículo 56 de Rango Constitucional, necesariamente debe prevalecer este último ante el Articulo 228 del C.C.; y en virtud del Artículo 334 de la C.R.B.V., en concordancia con el Articulo 20 de C.P.C., que establece que cuando la Ley vigente (Artículo 228 del C.C.) cuya aplicación se pida, colidiere con alguna disposición Constitucional (Articulo 56 de la C.R.B.V.), los jueces aplicarán ésta con preferencia, en este sentido, el Tribunal en ejercicio del Control Difuso de la C.R.B.V., desaplicó el Artículo 228 del C.C. y aplicó el Artículo 56 de C.R.B.V., el cual no limita en el tiempo la interposición de la demanda, tomando en cuenta el Interés Superior del niño o adolescente, ya que este es un derecho inherente a la persona humana, es decir, ese derecho nace con la persona y no puede estar limitado en el tiempo. Se  apunta en la sentencia en comento, que, dentro de los derechos morales comprendidos a su vez dentro de los derechos humanos, se encuentra el derecho al conocimiento de la paternidad biológica. Este derecho, entendido como integrante de la esfera de los derechos de la personalidad se caracteriza por ser necesario, absoluto o erga omnes, extrapatrimonial, originario o innato, vitalicio, imprescriptible, inalienable, irrenunciable, intransmisible, indisponible, privado, inherente al ser humano, inseparable de la persona. Es decir, el efecto del tiempo no influye en la merma de tales derechos, a pesar del abandono o inercia de su titular. Por lo cual menos aún pueden ser sometidos a plazos de caducidad. DESAPLICACION PARCIAL DE LA NORMA: La desaplicación de la norma en cuestión se refiere a la parte in fine del artículo, que expresa que, una vez que el supuesto progenitor haya fallecido, quien pretenda ser reconocido como su hijo tiene, a partir de ese momento, hasta cinco años para intentar la acción de inquisición de paternidad contra los herederos de aquél, porque contravendría los artículos 56 y 78 de la C.R.B.V., ya que estas normas no establecen límite temporal alguno ni para la investigación de la maternidad y paternidad ni para la adquisición del apellido del padre o de la madre, según sea el caso. La acción de inquisición de paternidad es, precisamente, uno de los medios legales concretos para la materialización de los derechos constitucionales y, por tanto, en la medida que se limite la admisibilidad de aquélla se limitará, también, el alcance material de éstos. Era imperativa la desaplicación de la norma de rango legal para la admisión de una demanda cuya finalidad es la determinación judicial de la filiación, puesto que dicha causal de inadmisibilidad de la acción habría hecho nugatorios los derechos de la adolescente a conocer su identidad, a investigar su paternidad y, de ser ésta establecida judicialmente, también eventualmente se le cercenarían sus derechos, también fundamentales, a ser criada en su familia de origen, a obtener documentos públicos de identidad y al uso del apellido de su padre, entre otros. DECISION: La Sala concluyó que la desaplicación de la parte in fine del artículo 228 del Código Civil se encontraba conforme a derecho, sin embargo precisó que tal desaplicación atiende únicamente a los derechos que comprende el reconocimiento y no aquellos derechos patrimoniales que pudieran derivarse de aquél, los cuales se regirán por las normas aplicables a cada caso.
Dra. Ana Santander

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