DERECHO

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7 de noviembre de 2014

EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO/CONCUBINATO ENTRE HOMOSEXUALES (OPINE):


La Sala Constitucional del TSJ, en sentencia del 16 de  Octubre  del 2014,..se declaró la Nulidad Parcial del artículo 46 del CC, en base a los siguientes razonamientos, que, renumimos de nuestro modo acostumbrado, así: “…presentaron escrito contentivo de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, ejercida contra el artículo 46 del CCDE LA ACCIÓN DE NULIDAD:el presente recurso de nulidad se interpuso contra el artículo 46 del CC al establecer “… una distinción respecto a la edad para contraer
nupcias, consagrando como requisito sine qua nom que la mujer debe haber cumplido 14 años de edad y el hombre haber alcanzado la edad de 16 años, lo cual a todas luces lesiona el derecho a la igualdad y no discriminación previsto en el artículo 21 de la CRBV”. Que dicha normativa “… infringe de manera flagrante y directa el derecho a la igualdad y no discriminación, previsto en el artículo 21 de la CRBV, así como la igualdad absoluta de los derechos de los cónyuges, consagrada en el artículo 77 eiusdem”, pues según las disposiciones establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamado ‘Protocolo de San Salvador’, tiene como principio esencial que los hombres y las mujeres somos iguales frente a la ley, quedando prohibido cualquier acto discriminatorio que pudiese mermar el pleno disfrute de tales derechos, tomando en consideración que no todo trato diferenciado resulte de por si discriminatorio. Que “la existencia de un derecho a contraer matrimonio en condiciones de igualdad, o en todo caso, consagrar la igualdad de derechos en el matrimonio, implica la prohibición de cualquier medida o forma de discriminación relacionada con la institución del matrimonio, que no esté fundamentada en criterios razonables y proporcionales en relación con el objetivo perseguido”. Que “aplicar los principios y consideraciones antes mencionados a los requisitos para contraer matrimonio, implica que la norma deba exigir tanto al hombre como a la mujer las mismas condiciones para proceder a celebrar la unión matrimonial. En este sentido, si bien el Legislador está facultado para definir los requisitos que deben ser cumplidos por quienes deseen formalizar una unión matrimonial, tal definición debe ser realizada respetando la igualdad del hombre y la mujer, así como el resto de los derechos humanos reconocidos en la CRBV y los instrumentos internacionales sobre la materia”. Por tanto, “… en el caso del artículo 46 del Código Civil, nos encontramos en presencia de un tratamiento diferenciado sobre la edad mínima para contraer matrimonio, fundado de manera exclusiva en el sexo, que carece en los actuales momentos de toda razonabilidad u objetividad. Es decir, el referido artículo al establecer requisitos de edad diferenciados para el hombre y la mujer, incorpora una discriminación injustificada que atenta contra el derecho a la igualdad en general, y contra el principio de igualdad de derechos en el matrimonio de manera particular…En el año 1999, se produjo un episodio transcendental en la realidad política y jurídica de nuestro país, con la aprobación de la CRBV. En esta nueva Carta Política se incorporó un amplio catálogo de derechos humanos, sin precedente en la historia constitucional venezolana y universal. El reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos pleno de derechos, así como la ampliación del reconocimiento del derecho a la igualdad y no discriminación, son sólo algunos de los avances en derechos humanos que se han visto incorporados al texto constitucional. Este proceso de transformación jurídica, iniciado con la aprobación de la Constitución, aún no ha concluido. Aún persisten en nuestro ordenamiento jurídico, distintas normas dictadas a la luz de la Constitución de 1961, que coliden claramente con el texto de la CRBV. El artículo 46 del Código Civil es una de esas disposiciones preconstitucionales cuya inconstitucionalidad es necesario dictaminar, como requisito necesario para la plena vigencia y garantía del derecho a la igualdad de todas y todos…Por tales motivos, solicitaron que se declarara la nulidad del artículo 46 del CC…CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:El contenido del precepto legal cuestionado es el siguiente: No pueden contraer válidamente matrimonio la mujer que no haya cumplido 14 años de edad y el varón que no haya cumplido 16 años”. Al respecto, advierte la Sala que el precepto legal impugnado estatuye el llamado matrimonio  prematuro o matrimonio precoz. Dicho precepto…se limita a regular la capacidad matrimonial, esto es, la edad mínima para contraer nupcias en el ordenamiento jurídico venezolano, estableciendo a tales efectos, edades distintas para el hombre y la mujer…un análisis de la norma legal impugnada permite establecer de manera inequívoca su inconformidad con el ordenamiento constitucional vigente, habida consideración del principio de igualdad que se expresa en la consideración y tratamiento igualitario de todas las personas, sin distinciones basadas en el sexo, la raza, la religión, etcétera y de una unificación de los derechos y deberes de la relación matrimonial; igualdad que naturalmente también debe regir en lo que se refiere a los requisitos para contraer matrimonio. Siendo incompatible la disposición impugnada con los postulados constitucionales anotados. Sin lugar a dudas, la norma constitucional contenida en el artículo 21 se refiere a la “discriminación”…el fundamento de la distinción radica en que la capacidad femenina para la procreación –más o menos generalizada- es a partir de la edad de 14 años. Sin embargo, en la actualidad no se justifica en modo alguno que subsistan a la CRBV de 1999 este tipo de diferenciaciones de las personas derivadas del género. Los patrones biológicos, sociales y culturales, que aconsejaban las referidas edades y consideraban que la mujer podía contraer matrimonio a la temprana edad de 14 años, constituyen una rémora del pasado donde el matrimonio era concebido como la única institución civil para reconocer la reproducción de la especie humana….Diversos tratados internacionales, suscritos por Venezuela, han reconocido el importante rol que la mujer ha asumido en nuestros días. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y específicamente, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios dan cuenta de la igualdad que debe distinguir las relaciones de los Estados con el género femenino y los avances alcanzados de manera universal en esta materia…En atención al ideal de igualdad jurídica, ha señalado del mismo modo esta Sala. El referido artículo 21 de la Constitución, establece que todas las personas son iguales ante la ley, lo que explica que no se permitan discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. Pueden reconocerse tres modalidades del derecho a la igualdad: a) igualdad como generalización, que rechaza los privilegios, al vincular a todos los ciudadanos a unas normas generales que no admiten distingos; se relaciona con el conocido principio de que la norma jurídica regula las categorías de sujetos y de situaciones, para las cuales existe una misma respuesta por parte del Derecho; b) igualdad de procedimiento o igualdad procesal, que supone la sanción de reglas de solución de conflictos, iguales para todos, previas e imparciales; y c) igualdad de trato, que implica atender igualmente a los iguales. Sucede, no obstante, que respecto a un mismo supuesto de hecho puedan darse diferencias en los elementos que lo conforman, lo que daría lugar a la aplicación de consecuencias jurídicas diferentes según que las distinciones sean relevantes para justificar un trato desigual (la igualdad como diferenciación) o irrelevantes, en cuyo caso se dará un trato igual (la igualdad como equiparación).  En cambio, la igualdad como diferenciación toma en cuenta las diferencias que existen entre hechos aparentemente similares, para -en función igualadora-, dar un trato diferenciado. Aquí no se aplican criterios abstractos, como en el caso anterior, sino que se imponen criterios valorativos o de razonabilidad, con el fin de ponderar si las diferencias advertidas justifican el trato desigual. Póngase por caso las políticas que siguen ciertas Universidades de admitir estudiantes sin que tengan que cumplir ciertos requisitos que sí se exigen a los demás estudiantes, por el hecho de provenir de algunas zonas del país; o las normas que imponen que en determinados organismos estén representadas minorías en un número mínimo, no obstante que por los procedimientos ordinarios de elección tal cuota sería inalcanzable, léase: representación indígena en el parlamento…Sin embargo, la determinación de qué hechos o elementos se estiman relevantes, y, por lo tanto, causa justificada de un trato desigual a supuestos de hecho a primera vista similares, como en el caso del personal docente de una Universidad, de donde la ley excluye a los profesores instructores de participar en la elección de las autoridades de la respectiva facultad a la que pertenecen, corresponde al parlamento, en razón de la potestad propia (política legislativa) de discrecionalidad -no de arbitrariedad-, que tiene su origen en el mandato democrático que le ha sido conferido. Al juez, por otra parte, desde la premisa de que el legislador es el primer intérprete de la Constituciónle corresponde ponderar si la definición o calificación que el legislador haga de las situaciones de facto o las relaciones de vida que deben ser tratadas de forma igual o desigual, no vacíe de contenido el derecho fundamental que se denuncie como conculcado...SENTENCIA: Esta Sala declara con lugar la presente acción de constitucionalidad y anula parcialmente la norma contenida en el artículo 46 del CC, por contradecir manifiestamente el artículo 21 de la CRBV…sin embargo, queda pendiente por analizar cuál de los dos parámetros utilizados por el legislador se ha de utilizar como referente igualador…resulta contrario a los intereses de la adolescencia y al sistema de protección integral que tiene garantizado, que la norma les permita a una edad tan temprana, desde los 14 años, abandonar sus estudios, su preparación profesional, su recreación y todas las actividades propias de la adolescencia que en conjunto configuran la personalidad del adulto sano, poniéndoles fin a su niñez, para lidiar con las complicaciones del matrimonio, el hogar y los hijos, viendo frustradas sus posibilidades de desarrollo progresivo y proporcional en otras áreas más cónsonas con su muy temprana edad…De allí, que esta Sala estime que la satisfacción del derecho a la igualdad se logra con la equiparación al límite máximo 16 años de edad, para que varones y hembras puedan contraer matrimonio, por lo que se declara la nulidad parcial del artículo 46 del CC en la parte que comporta la inconstitucionalidad, es decir, a aquella que establece: “la mujer que no haya cumplido 14 años de edad y el varón”y a través de una interpretación constitucionalizante, sin distinción de género, se equipara a 16 años la edad mínima requerida para contraer matrimonio, entendiéndose, a partir de la publicación del presente fallo en la Gaceta Judicial y Oficial, que la inteligencia de la norma se refiere a que “no podrá contraer válidamente matrimonio la persona que no haya cumplido dieciséis (16) años”. Así se decide. Finalmente, en relación con los efectos de la decisión en el tiempo, esta Sala determina que esta sentencia tendrá efectos ex nunc, es decir, a partir de su publicación en la Gaceta Judicial y OficialLO CONVENIENTE ES QUE EL MATRIMONIO SÓLO SEA POSIBLE LUEGO DE QUE LA PERSONA ADQUIRIESE LA MAYORÍA DE EDAD (18 AÑOS), COMO ACERTADAMENTE LO SEÑALAN MÚLTIPLES INFORMES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA MATERIA. POR LO CUAL ESTA SALA CONSTITUCIONAL EXHORTA A LA ASAMBLEA NACIONAL A CONSIDERAR LA REFORMA DEL ARTÍCULO 46 DEL CC Y VALORE LAS PREOCUPACIONES VERTIDAS POR LA SALA EN ESTA SENTENCIA….NULIDAD PARCIAL del artículo 46 del CC en la parte que establece: “la mujer que no haya cumplido catorce (14) años de edad y el varón”.. REALIZA UNA INTERPRETACIÓN sin distinción de género…y se equipara a 16 años la edad mínima requerida para contraer matrimonio, entendiéndose, a partir de la publicación del presente fallo en la Gaceta Judicial y Oficial, se declara, con efectos ex nunc, que no podrá contraer válidamente matrimonio la persona que no haya cumplido 16 años…EXHORTA a la Asamblea Nacional  a considerar la reforma del artículo 46 del CC para contemplar que la edad válida para contraer matrimonio se adquiera a la mayoría de edad (18 años)…OPINION DE ESTE DESPACHO: Valga la sentencia en comento para retomar lo ocurrido el año pasado, cuando un  Tribunal del área metropolitana de Caracas, declaró improcedente una solicitud de Declaratoria de Concubinato, efectuada por una pareja de homosexuales, a pesar de contar con una larga data de convivencia como pareja estable, con todas las características propias de una unión matrimonial. Lo anterior sin tomar en cuenta ese Tribunal, que la Ley de Registro Civil no prohíbe expresamente, el registro de uniones de hecho entre personas del mismo sexo. En aquella sentencia se dispuso “el trato desigual para los desiguales es constitucional”, por ser una “discriminación positiva”.  Pero, acaso, ¿la distinción de trato motivada en la orientación sexual de una persona no configura un claro ejemplo de lo que se denomina ‘categoría sospechosa’?. La respuesta es clara. Considera este Despacho Jurídico que el artc 21 de la CRBV, establece prohibición de discriminación fundada en el sexo que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. Entonces, ¿qué más merecido que el reconocimiento  de los derechos/libertades, que 2 personas, (indiferentemente del sexo), pueden ejercer dentro de una unión estable de hecho, de la cual derivan consecuencias patrimoniales y hereditarias?, ¿realmente las diferencias por el sexo, justifican un trato desigual, hasta el punto de hacer prevalecer las formas a la realidad?, para este Despacho no hay lugar a dudas, no existe fundamento legal que justifique el desconocimiento de esas realidades de hecho, (que parejas con componentes del mismo sexo), mantienen al estar unidas como verdaderos matrimonios, las cuales, entendemos, merecen un reconocimiento legal, más allá de nuestra idiosincrasia aun arcaica cultural. Ahora bien, como quiera que el derecho se nutre y cultiva de los acontecimietos sociales, invitamos a nuestro usuarios a manifestarnos su opinión.


Dra. Ana Santander. 

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