DERECHO

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5 de agosto de 2016

DERECHOS EN LA TERCERA EDAD/ADULTO MAYOR:



La intención de este artículo no es hacer un estudio a fondo de la problemática existente en nuestro país respecto a los derechos y deberes de la Tercera Edad y/o Adulto Mayor, (lo cual ampliaremos poco a poco en artículos sucesivos), pero si dejar sembrada la inquietud de la necesidad y urgencia del decreto de una Ley que en forma integral proteja a esta categoría de adultos. Si bien es cierto que en la actualidad, en determinadas Alcaldías se han puesto en práctica programas de protección a nuestros adultos mayores, aún no se coordina el efectivo ejercicio de sus derechos en forma progresiva, en similar aplicación con lo que ocurre con los derechos de nuestros menores. Lo anterior es necesario para lograr un régimen prestacional uniforme. El Estado debe aportar el financiamiento necesario dentro de la partida presupuestaria para atender el régimen de atención al adulto mayor con recursos fiscales, pues  es un deber del Estado restablecer la protección, respeto y dignidad a los adultos en tercera edad, ante tanta indiferencia, discriminación, exclusión a la que son sometidos a diario por terceras personas e incluso por sus familiares. PROTECCION LEGAL EN VENEZUELA: Contamos con un conjunto normativo disperso y complicado de manejar,  se trata de diversos instrumentos legales que regulan la materia, unos imponiendo contribuciones fiscales, otros con una visión de asistencia. Cuando lo adecuado, se insiste es crear una ley de la especialidad que otorgue protección integral, sin discriminación alguna, muy especialmente para aquellos que se encuentran en total desamparo, en estado de necesidad y sin ningún tipo de ingreso. CONSTITUCION DE VENEZUELA: Artículo 23; según el cual los tratados, relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en sus disposiciones y en las leyes de la República, siendo de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.  Pongamos algunos ejemplos de NORMAS INTERNACIONALES en materia de protección social al Adulto Mayor que tienen aplicabilidad en Venezuela, Convenios de la O.I.T, ratificados por Venezuela: -Convenio 102 sobre Seguridad Social 1952, en su Parte V, regula las Prestaciones de Vejez disponiendo que todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez. -Convenio 128 relativo a las Prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivientes 1967, en su Parte III, regula las Prestaciones de Vejez y dispone que todo Miembro para el cual esté en vigor la presente parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez, de conformidad con los artículos que contempla.  -Convenio 118 relativo a la Igualdad de Trato de Nacionales y Extranjeros en Materia de Seguridad Social 1962, también dispone que todo Estado Miembro puede aceptar las obligaciones del presente Convenio en cuanto concierna a una o varias de las ramas de la Seguridad Social, para las cuales posea una legislación efectivamente aplicada en su territorio a sus propios nacionales, incluyendo expresamente, a las prestaciones de vejez. Es lamentable, por otro lado, que la Convención Interamericana Sobre La Protección De Los Derechos Humanos De Las Personas Mayores 2015, no haya sido ratificada por Venezuela aún. Volvamos a nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL: Artículo 80:”El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos...y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser menores al salario mínimo urbano", que en base al principio de la igualdad ante la Ley, los adultos mayores, también tienen derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares y comunitarias (Artículo 82). Artículo 83: derecho a la salud como un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida, para lo cual promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios, pues todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. Artículo 86 “Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure la protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda...El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección." Artículo 135, dispone de manera expresa que las responsabilidades que corresponden al Estado en virtud de la solidaridad social y asistencia humanitaria, no excluyen a las que correspondan a los particulares según su capacidad, poniendo de manifiesto el papel determinante que juegan los distintos actores sociales, públicos y privados, individuales y colectivos como participantes activos en la garantía de protección de aquellos sujetos que por razones diversas atraviesen un estado de necesidad producto de la ocurrencia de contingencias sociales, entre ellas, la vejez. Es decir, existe una responsabilidad solidaria frente al Adulto Mayor. LEY DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO: Contiene la previsión social a favor de la protección en la vejez, la pensión por vejez es vitalicia y se comienza a pagar siempre que se tenga derecho a ella, desde la fecha en que sea solicitada. LEY DEL ESTATUTO SOBRE EL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, de los Estados y de los Municipios: el derecho a la jubilación, exclusivo de los funcionarios de carrera, se adquiere cuando el funcionario haya alcanzado la edad de 60 años si es hombre, o de 55 si es mujer. LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES: establece el régimen de seguridad social del personal, aún cuando de manera expresa no se disponga el derecho a una pensión de vejez o jubilación, sí se consagra el derecho a los Oficiales y Suboficiales Profesionales de Carrera que pasen a la situación de retiro o cese de funciones y el personal de Tropa Profesional que sea retirado, a gozar de una pensión de retiro. Aplaudimos la LEY DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL ESTADO LARA, del 11 de Agosto del 2005, que ordena todos y cada uno de los beneficios del Adulto Mayor, tales como: la atención en salud; la asistencia jurídica gratuita y trato preferencial; beneficios en el transporte público; la asistencia en educación y capacitación; las actividades laborales y de ocupación; las actividades recreativas, culturales y deportivas. Igualmente, consagra un conjunto de disposiciones legales relativas a la prestación de ayudas económicas mensuales para aquellos adultos mayores que lo requieran y cumplan con las condiciones y exigencias que establece la Ley y contempla los centros de atención abierta como las casas de vida prolongada y las gero-granjas, lo relativo a los miembros del Consejo, el Registro Estadal de Ciudadanos en situación de Adulto Mayor y las denuncias a quienes infrinjan esta Ley. El anterior es un excelente ejemplo de protección integral a la tercera edad. CÓDIGO CIVIL: Artículo 284.- “Los hijos tienen la obligación de asistir y suministrar alimentos a sus padres, y demás ascendientes maternos y paternos. Esta obligación comprende todo  cuanto sea necesario para asegurarles mantenimiento, alojamiento, vestido, atención médica, medicamentos y condiciones de vida adecuados a su edad y salud, y es exigible en todos los casos en que los padres o ascendientes carecen de recursos o medios para atender a la satisfacción de sus necesidades o se encuentran imposibilitados para ello. Al apreciarse esta imposibilidad se tomará en consideración la edad, condición y demás circunstancias personales del beneficiario…”. Como ha quedado expuesto, son tímidos intentos (salvando el del Estado Lara), de por vía legislativa procurar la protección de nuestros adultos mayores. FINALMENTE UNA REFLEXIÓN: Otrora, en Venezuela los adultos mayores eran los más respetados y sabios, basta un magnífico ejemplo, nuestro Arturo Uslar Pietri. Hoy por hoy, estos adultos son discriminados de múltiples formas empezando desde el hogar, donde su propia familia les excluye, la tendencia es verlos como improductivos, ineficientes, enfermos y decadentes. Queda pues a nosotros, los colaboradores de la justicia, el impulsar a través de nuestros canales respectivos, que al adulto mayor se le reconozcan sus derechos y deberes en normas sustantivas que procuren un verdadero balance entre lo garantista, asistencialista e impositivo.  Este Despacho Jurídico se suma a esa tarea.


Dra. Ana Santander. 

 

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